SE USARON LAS MISMAS FOTOS PARA CERTIFICAR PUBLICIDADES DISTINTAS

“Debe haber habido un error de tipeo”, fue la respuesta que repitió varias veces la testigo María del Carmen Teruel, integrante del área de Comunicación del Poder Ejecutivo provincial desde 1999 y con responsabilidades en el área de publicidad oficial durante parte del período investigado en este megajuicio.
Se refería a tres expedientes correspondientes a campañas publicitarias de 2010, 2011 y 2012 que le mostró el Ministerio Público Fiscal (MPF) a la testigo. En esos expedientes, figuraban las ordenes publicitarias con una fecha anterior a la propuesta realizada por las empresas beneficiadas. Es decir, las empresas Montañana, Bustamante y TEP S.R.L. (conocida como Formato Urbano) presentaban su propuesta de publicidad después de que el Estado les emitía la orden, cuando el procedimiento es al revés.
La testigo fue convocada por varios de los legajos que llegan a este megajuicio, ya que intervino en los distintos trámites publicitarios que tienen que ver con la conocida “causa de las imprentas” pero también con las contrataciones a Global Means y las derivadas de la causa Sueño Entrerriano.
“Hasta que se creó el área de Legales, las contrataciones se definían por excepción sin justificación inicial. Hasta determinado monto sólo requería la firma de quien era director de Comunicaciones o el ministro cuando se convirtió en Ministerio”, dijo Teruel. Ante la pregunta de los fiscales, respecto a quién era el responsable durante el período investigado, la testigo aseguró: “Quien firmaba todas las contrataciones era Pedro Báez”.
Los fiscales insistieron, respecto a cómo se justificaba la contratación de determinada publicidad: “Antes no se pedía nota inicial de justificación, la justificación era la del ministro”, recalcó. Incluso, el monto lo terminaba por definir Báez, ya que “el medio presentaba la propuesta pero luego lo definía quien firmaba la contratación”.
“Ese momento la firma del ministro acompañaba todo, era un requerimiento del auditor que teníamos esos años. El expediente de contratación estaba intervenido por el ministro de principio a fin, así fue hasta 2012”, describió.
La testigo explicó que a partir de ese año se modificó la metodología de trabajo ya que hubo una serie de recomendaciones del Tribunal de Cuentas para mejorar la legalidad del trámite. Esto comenzó a funcionar a principios del año 2013: “El ministro Báez fue el que decidió incluir la justificación inicial tras las observaciones del TdC”, expresó ante una pregunta de los abogados defensores.
Posteriormente, la acusación indagó sobre la posibilidad de contratar empresas que no estén incluidas en el Registro Integrado de Medios, que se creó durante 2009. Los fiscales entienden que ese fue el caso de TEP S.R.L. (Formato Urbano) que se anotó en el registro durante 2010 pero obtuvo publicidades el año anterior: “Se puede haber contratado alguno pre-inscrito. Le dimos un tiempo a todos para que se inscriban. Pero si la contratación fue en el 2009, no debería haber contrataciones sin que estén en el registro. Porque le dimos un tiempo de plazo, como máximo un año, no puedo decirte cuanto”.
“Son las mismas fotos”
Además, los investigadores indagaron en la certificación de la publicidad: “Ese área estaba a cargo de Gustavo Tamay. En 2009 se lo designó como responsable de vía pública y era el encargado de recorrer las cartelerías en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y las Rutas 11, 12 y 14”, describió Teruel.
Según la testigo, Tamay debía certificar “in situ” la existencia de la cartelería por la que pagaba el Estado: “Cuando había una orden de publicidad, se la entregábamos a el para que se constituya en el lugar y certifique que la publicidad estaba colocada”, aseveró.
Los fiscales le consultaron: “¿Y quién controlaba la tarea de Tamay?”, a lo que la testigo respondió: “Nosotros teníamos confianza en que si me decía que iba a recorrer los carteles es porque iba”. Los acusadores le repreguntaron respecto a como se controlaba la actividad de Tamay y Teruel ratificó: “No había otra forma de controlar, el nos decía que iba y controlaba”.
Tamay debía ir al lugar y certificar no sólo la existencia del cartel sino que también la ubicación del mismo. En definitiva, corroborar que el dinero que salía de las arcas públicas era utilizado para el fin para el que se lo destinaba en el plan de medios.
El MPF empezó a exhibir una serie de expedientes a nombre de Montañana, Bustamante y Formato Urbano en donde aparecían fotos presentadas por las empresas como parte de la certificación. La testigo reconoció que las imágenes utilizadas en los distintos expedientes, correspondiente a distintas empresas y a publicidad a realizarse en distintas ciudades eran las mismas: “Las fotos son iguales y los expedientes son de distintas empresas, son las mismas imágenes”. De esos expedientes, el de Formato Urbano no contenía la certificación por escrito que debía realizar Tamay.
“Esto no estaba bajo mi control. Evidentemente no se mandó todo el mismo día al contable, es decir que hay fotos repetidas que no fueron enviadas al servicio contable el mismo mes. Es una desprolijidad, pero no es de la gente de facturación porque ellos no pueden peritar ni recordar las fotos que trajeron meses anteriores”, explicó la testigo.
El MPF insistió en el análisis de la prueba y preguntó si era posible que haya fotos que certifiquen una publicidad en ciudades distintas: “De ninguna manera se pueden usar las mismas fotos para dos ciudades diferentes”.
Cabe recordar que durante el debate, los abogados defensores buscaban justificar el accionar de los imputados ya que aseguraban que las fotos eran una especie de representación de la publicidad pero no la certificación real de un cartel determinado. La testigo aseveró lo contrario.
La testigo, incluso reconoció que las causas que llegaron al megajuicio cambiaron la forma de trabajo dentro del área gubernamental: “A partir de todo esto el control es más exhaustivo, ahora tenemos una carpeta digital con todas las fotos de todas las campañas. Se han hecho perfeccionamiento en los controles”.
Otros legajos
A Teruel también se le consultó por otros de los legajos que forman parte del megajuicio. Por ejemplo, el expediente de Global Means, tramitado en el Juzgado de Transición, que investigó contrataciones irregulares a la empresa de Germán Buffa de manera direccionada.
Le mostraron una propuesta de la empresa, datada el 15 de julio de 2011 para cuatro espacios publicitarios en el medio Tiempo Agroempresario por $29.500 durante agosto y septiembre de ese mismo año. Sin embargo, posteriormente le mostraron la Orden de Publicidad firmada el 1 de julio del 2011, por la cual Global Means fue contratada para cuatro espacios publicitarios durante agosto y septiembre por el mismo monto. Ante la consulta, Teruel respondió nuevamente: “Debe haber algún error de tipeo en la presentación de la propuesta, porque debió haber sido con fecha anterior a la fecha del 15 de julio”.
También indagaron sobre las contrataciones realizadas con la empresa de Jorge Corcho Rodríguez, Nelly Entertainment, para la realización de spots en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná.
La testigo negó conocer a Rodriguez y un abogado de la empresa, Osvaldo Gandini. Sin embargo, el MPF le mostró registros de llamadas que constan en el expediente en donde se comprueban comunicaciones telefónicas entre su teléfono y el de los empresarios: “Es mi teléfono pero juro por mis hijas que jamás hablé con Corcho Rodríguez, quizá fue un teléfono de su empresa que no usaba el”, se defendió. En las intervenciones siguientes se demostró que se trataba de un teléfono dentro de lo que se conoce como “plan empresa”.
Fiscalía también le mostró una serie de correos electrónicos entre ella y Gandini: “Nadie más usa mi correo electrónico. No recuerdo al destinatario pero deben haber sido las correcciones que nosotros hacíamos de las grillas. No recuerdo estas comunicaciones con esta persona”.
En esas comunicaciones se mostró como desde el Estado se orientaba a los empresarios para realizar una certificación adecuada y correspondiente para poder emitir el pago. Pero la testigo aclaró que es una conducta que se tiene habitualmente con todos los medios, con el objetivo de poder darle continuidad a la contratación. .
Megajuicio
Hasta ahora van pasando 10 testigos en el megajuicio. Todos declararon en el marco de lo que se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, un legajo en el que se investigan presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En el expediente están imputados el exgobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador; Alejandro y Luciana Almada; Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública; y Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
En el megajuicio se acumulan otros expedientes: el conocido como “sueño entrerriano”, a partir del cual la acusación pública sostiene la ejecución de distintos actos de Gobierno para promover la figura del exgobernador como precandidato a presidente en las elecciones de 2015; y el legajo conocido como “Global Means” en el cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen los fiscales Cecilia Goyeneche; Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. En tanto, los defensores son Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz y Miguel Cullen.