“PENALIZAR EL ABORTO ES UN RETROCESO PARA LA DEMOCRACIA” #
La directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero, afirmó a AIM que el aborto legal, seguro y gratuito “es una política que públicamente se debatió ampliamente en el Congreso, se convirtió en Ley y se comenzó a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que cualquier idea de penalizarlo nuevamente es un retroceso para la democracia”.
El escenario actual expone una evolución bastante esperable para una política pública como es el acceso al aborto legal. “Los servicios se prestan, hay acceso y personal capacitado, es decir, se fue progresando en que los abortos ocurran, no sólo oportunamente, sino con mejor calidad”, dijo a esta Agencia Romero.
Hoy la marea verde no está en la calle porque nuestros esfuerzos están en que los servicios se presten, pero cualquier amenaza que pudiera haber, o retroceso potencial, por supuesto, la marea verde volverá a salir a la calle
Mariana Romero, directora Ejecutiva de Cedes.
En ese sentido, consideró que “es importante el compromiso político que tuvo esta gestión, sobre todo a nivel nacional de implementar la Ley”, y señaló: “En su momento, promovió el proyecto en el Congreso e incentivó su tratamiento y, luego, se hicieron acciones muy concretas para que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se implemente”.
En ese marco, contó que actualmente, el Estado nacional “provee insumos, realizó capacitaciones (aún en el contexto pleno de pandemia), hubo cursos de fortalecimiento profesional, se está llegando a los centros de salud y a los hospitales, asiste a los equipos y se compran los insumos que son necesarios, es decir, hay una voluntad política fuerte de la gestión nacional para que la política de aborto se lleve adelante”.
Asimismo, la directora ejecutiva del Cedes contó que en las provincias también se está implementando: “Siempre dependiendo del estado del cual partieron, pero las provincias se pusieron bastante a tono, es decir, hoy hay efectores públicos en todas las provincias que dan acceso y, progresivamente, aumentan no sólo los insumos sino, también, la cantidad de prestaciones”.
Al mismo tiempo, indicó que las obras sociales y prepagas “cumplen con lo mismo que cumplen los efectores públicos, si bien con algunas dificultades al inicio, también están dando acceso”, ya que la Superintendencia de Servicios de Salud – organismo que regula obras sociales y privadas- tiene un número de denuncias.
Un retroceso para la democracia
Para la investigadora, las declaraciones de candidatos sobre volver a penalizar el aborto encienden la alarma, ya que actualmente se está en un punto donde la IVE “es una política de Estado que se implementa y fue debatida en el Congreso, donde se aprobó en las dos Cámaras (Diputados y Senadores) y se convirtió Ley”.
Al respecto, indicó que dar marcha atrás “es un retroceso para la democracia, tanto en esto como en otras políticas, porque amenazar las Leyes de derechos adquiridos es bastante antidemocrático”.
La investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) recordó que la Ley fue muy militada, activada y debatida socialmente: “Lo que ocurrió en 2018 con reuniones informativas públicas (con más de mil expertos presentando y debatiendo frente a las comisiones en las Cámaras) fue un escenario inédito, único, un acto de expresión de democracia muy fuerte e importante”, en el país.
Despenalización social
“Hoy la marea verde no está en la calle como estábamos en ese momento porque la Ley fue sancionada. Ahora nuestros esfuerzos están en que los servicios se presten, pero cualquier amenaza que pudiera haber, o retroceso potencial, por supuesto, la marea verde volverá a salir a la calle”, adelantó la activista, ya que subrayó que “más allá de lo que fue el debate parlamentario se instaló el tema en la esfera pública y se logró un consenso de la mayoría de la sociedad respecto de sacar de la clandestinidad el aborto. Porque no era algo que no pasaba, sino que era algo que estaba oculto e invisibilizado”.
El aborto “estaba penalizado, entonces la clandestinidad era producto de la criminalización potencial a las personas que solicitaban o se hacían un aborto y a quienes acompañaban o daban acceso a esos abortos”, por lo que la clandestinidad era una consecuencia y lo que logró la Ley fue despenalizar, pero el proceso que acompañó ese debate “fue justamente la despenalización social y el hecho de hacer visibles los abortos, los derechos de las mujeres, la capacidad de decidir y la responsabilidad que tenemos las mujeres en cada una de las decisiones que tomamos”.
“El proceso en el Congreso, más todo lo que ocurrió en la calle, en las casas, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en el trabajo, fue muy poderoso y democrático, por lo que retroceder sería un mal antecedente para la democracia argentina”, aseguró.
