EL PRESIDENTE ENVÍA UN PROYECTO PARA “DESDOLARIZAR”
La norma declara la “emergencia de servicios públicos” para pesificar “definitivamente” el valor de las facturas de luz y gas.
En uno de los dos anuncios relevantes desde lo económico, el presidente Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca “desdolarizar definitivamente” las tarifas de servicios públicos, para “adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos”, según las palabras del propio mandatario. Y recordó que, de seguir el esquema tarifario vigente durante el Gobierno de Mauricio Macri, el gas hubiese subido 80 por ciento en octubre y 130 por ciento en abril, mientras que la electricidad lo hubiese hecho en un 168 por ciento.
Agregó además Fernández que la idea es que “los costos fijos -los servicios públicos- que representan en las familias repercutan cada vez menos en el bolsillo familiar”, siempre bajo la premisa de “preservar la sustentabilidad macroeconómica, prevista en el Presupuesto 2021”.
“La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin”, afirmó ante la Asamblea Legislativa y recordó la vigencia del “congelamiento de tarifa” dispuesto al inicio de su gestión y señaló que “es momento de regularizar el sistema tarifario” con la consigna de que las tarifas “deben corresponderse con las necesidades y las capacidades de pago de nuestra gente”.
En su discurso, Fernández detalló que las tarifas serán “diferenciales” según la situación patrimonial de cada usuario, y anticipó que la “conformación del nuevo cuadro tarifario va a tardar meses”. En esta línea, destacó que entre los años 2016 y 2019 “los aumentos de tarifas fueron un martirio para los argentinos” y que en esos años “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”. Por último, fue al detalle al mencionar que “si siguiéramos con el sistema de revisión vigente el gas debería haber aumentado 80 por ciento en octubre y 130 por ciento en abril, y la electricidad otro 168 por ciento en abril”.
“El Presidente nos está instruyendo a trabajar en un marco legal que genere un mecanismo justo de segmentación tarifaria en función de la capacidad económica y patrimonial de los sectores de usuarios y agentes económicos, que las adecuaciones tarifarias estén en línea con la evolución de los ingresos de los distintos sectores sociales, idea que desarrolló públicamente Cristina, y que los subsidios que otorga el Estado solo amparen a quienes más lo necesitan”, expresó sobre el tema el secretario de Energía, Darío Martínez.
El fomento a los hidrocarburos
El Presidente anunció también el envío al Congreso de una Ley de Promoción de la actividad hidrocarburífera y las inversiones en el sector. Al respecto, el secretario Martínez, aseguró que “el Presidente nos fijó claramente la temática principal para la continuidad de nuestra gestión, privilegiando el impulso a la extracción y transporte de los recursos hidrocarburíferos del yacimiento de Vaca Muerta, la continuidad del Plan Gas que lanzamos en 2020 y la extensión de la red de gas natural en zonas del norte y del sur en las que la dificultad de acceso a este recurso detiene la actividad productival”. Asimismo, adelantó que “trabajaremos este proyecto de ley con todos los actores de la industria: los trabajadores y trabajadoras, las PYMES y empresas regionales, los gobernadores, las empresas productoras y los representantes de la industria nacional y la ciencia y la técnica; porque ellos serán quienes deban hacer el esfuerzo de inversión, trabajo y producción”.
En esa línea, Pablo González, Presidente de YPF, celebró el anuncio y consideró “fundamental garantizar un fuerte componente federal en esta nueva ley, mediante la creación de un régimen de desarrollo de proveedores locales que permita alcanzar niveles de eficiencia, tecnología y competitividad de clase mundial”. Agregó además que “YPF tiene que cumplir un rol central en promover acuerdos con impacto directo en todas las provincias petroleras, a través de regalías, y el desarrollo de obras de infraestructura fundamentales para generar empleo”.
