EL APORTE DE LOS RICOS HARÍA DIFERENCIA
La aplicación de un impuesto a las grandes fortunas en América latina podría recaudar entre un 0,5 y un 1 por ciento del PBI regional, lo que equivaldría a un monto de entre 25.000 y 50.000 millones de dólares, de acuerdo a una estimación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). La realizó a partir del estudio de casos latinoamericanos vigentes, agencias fiscales e información del ranking Forbes.
La caída proyectada de la economía latinoamericana, que será de un 5,3 por ciento de acuerdo a la Cepal, impactará en la recaudación de los impuestos que gravan flujos tanto a ingresos como a la actividad productiva en general. Asimismo, los Estados se encuentran, en mayor o menor medida, financiando la instalación de hospitales de campaña y compras de insumos médicos hasta transferencias a trabajadores formales e informales y pymes. Ante la necesidad de costear este flujo de gastos crecientes con menores ingresos, se abrió el debate para implementar un gravamen al patrimonio de las grandes fortunas que pueda reforzar la capacidad tributaria.
De acuerdo al Credit Suisse Research Institute (2019), América latina cuenta con 673 mil personas con un patrimonio de alrededor de 1 millón de dólares. El 38 por ciento de los millonarios de la región residen en Brasil, el 26 por ciento en México, 10 por ciento en Chile y 4 por ciento en Argentina.
En el país había en 2017 alrededor de 30.000 personas con un patrimonio mayor a 1 millón de dólares. Con un tributo del 2,5 por ciento del patrimonio neto de las declaraciones de estos contribuyentes, Argentina recaudaría 2.464,4 millones de dólares. Esto implicaría un aumento de casi dos puntos en la recaudación tributaria.
La percepción del tributo podría financiar una renta básica de emergencia familiar (de entre 3 o 4 personas), de 700 dólares para la población más vulnerable, haciendo un promedio entre los países de la región.
En América Latina, solo Argentina, Colombia y Uruguay cuentan con tributos nacionales que gravan patrimonio. El impuesto a los bienes personales de Argentina fue creado con carácter de emergencia en diciembre de 1991. Se aplica sobre los bienes que poseen los residentes en el país y en el exterior, así como sobre los bienes locales propiedad de no residentes. Su recaudación alcanzó un 0,3 por ciento promedio entre 2004 y 2016. Ese año, el gobierno de Mauricio Macri lo usó como incentivo para la ley de blanqueo de capitales. La intención era disminuir la alicuota de manera progresiva hasta suprimirlo, aunque en la práctica no sucedió. El impuesto se reestableció en 2018 con un ajuste de su escala y mínimo no imponible.
En términos generales, los impuestos tanto a la renta personal como al patrimonio tienden a ser más progresivos que los impuestos al consumo, porque pueden realizar una diferenciación entre contribuyentes y gravar a los sectores de más recursos. Sin embargo, en la práctica estos impuestos terminan recayendo principalmente sobre la clase media alta, porque los sectores altos cuentan con mayor capacidad e información para instrumentar mecanismos de elusión y evasión.
Es por este motivo que un tributo de este tipo debe articular un trabajo de gestión tanto política como técnica-administrativa para lograr un cruzamiento de la información disponible y un diseño adecuado para evitar o disminuir su elusión y evasión.
