PRECIOS JUSTOS: AUTORIZAN SUBAS DE 25% EN MOTOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Con el objetivo de amortiguar la escalada inflacionaria, el Gobierno trata de pisar los precios al menos hasta las elecciones generales. Bajo el paraguas del programa Precios Justos, Sergio Massa acordó con un puñado de fabricantes de bienes durables y semidurables (motos, electrónicos y electrodomésticos) una única suba del 25% hasta el 31 de octubre. Y presiona a la industria de consumo masivo para que acepte un tope del 5% mensual, que muchas compañías rechazan.

La resistencias de las productoras de alimentos, bebidas, tocador y limpieza consideran insuficientes y “poco claros” los beneficios fiscales ofrecidos para compensar el último salto devaluatorio del dólar oficial (casi 22%), la suba del 7,5% del Impuesto País y el incremento de sus costos. Aunque no tienen una posición unificada, hay empresas que reclaman un ajuste mayor o que le permitan retirar del programa “los productos con rentabilidad negativa”.

Las negociaciones las lidera el director de la Aduana, Guillermo Michel, el jefe de la unidad para combatir la inflación, creada después de las PASO. Allí sostienen que cerraron acuerdos de palabra con 421 empresas de 11 sectores (entre ellos bicicletas, calzado, celulares, hogar y construcción, indumentaria, insumos difundidos, línea blanca y motos), pero reconocen que hasta ahora firmaron sólo 202.

Como se dijo, las mayores resistencias se concentran en la industria de consumo masivo, en la que coexisten multinacionales (Coca-Cola, Quilmes, Pepsico, Unilever, Procter & Gamble), grupos nacionales (Arcor, Molinos, La Serenísima), grandes cadenas de supermercados (Carrefour, Cencosud, Changomás, Coto), mayoristas, distribuidores y proveedores. “Apuntan primero a cerrar con las grandes para generar un efecto cascada”, conjeturan en el sector privado.

El plan de Massa es enfriar el alza inflacionaria y la ola de remarcaciones. La semana próxima se conocerá el dato de agosto, que para las consultoras privadas tendrá un piso del 11%. En ese contexto, el ministro candidato anunció el congelamiento de combustibles, medicamentos transporte público en la región metropolitana y en medicina privada. También al tipo de cambio oficial, que prometen mantenerlo fijo en $ 350 en ese período.

La receta es la misma que aplicó antes de las PASO. Esa es la razón por la cual el Gobierno autorizó un aumento significativamente mayor a los bienes durables y semi durables, que tenían los precios congelados desde fines de mayo. Este lunes trascendió que las automotrices también participarán de Precios Justos y que intentan congelar el precio de al menos un modelo por marca por 90 días.

Las empresas de consumo masivo representan el principal desafío. Fuentes de ese sector señalaron que muchas no están dispuestas a firmar un acuerdo en estas condiciones. Algunas reclaman aumentos diferenciales según la categoría y el producto “en función del impacto devaluatorio”. Otras dicen que los beneficios fiscales son insuficientes y que su impacto en los costos es “muy menor”.

De todos modos, un alto ejecutivo distinguió tres posiciones: las que están dispuestas a acordar; las que se inclinan por acordar de palabra; y las que podrían retirarse del programa y asumir el riesgo con las importaciones y el acceso a los dólares que atesora el Banco Central. “Este tipo de acuerdo es distinto a los anteriores y por eso está bajo estudio del área legal”, señalaron desde una alimenticia.

Ocurre que el nuevo régimen ofrece beneficios fiscales compensatorios a cambio de planchar los precios, lo que no es gratuito. El propio Massa advirtió que “el que firme el acuerdo y no lo cumpla, ya no es simplemente una multita de la Secretaría de Comercio”, dijo el mes pasado. Aludió concretamente a la posibilidad de entablar demandas penales a los incumplidores.

Massa y su unidad antiinflacionaria mantienen líneas abiertas con las cámaras empresarias vinculadas al sector. Las objeciones empresarias al acuerdo, por ahora, prevalecen, aunque en la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, enumeran que son varias las que firmaron: Cabrales, Don Satur, Dulcor (Esnaola), Marolio, Queruclor, Sancor y L’Oreal Pero por otro lado, el Gobierno postergó el acuerdo con las grandes cadenas, previsto para la semana pasada, porque “todavía no tienen la lista de productos”, deslizaron desde el supermercadismo.