RECHAZAN ACUERDO Y JUICIO ABREVIADO DE UN ABUSO INFANTIL

Desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná, repudiaron y expresaron preocupación ante la sentencia acordada en juicio abreviado en donde un ex-trabajador del Copnaf, Rubén Retamar, reconoció el abuso que perpetró durante 4 años sobre una niña que asistía al organismo oficial en ocasión de que su familiar trabajaba en la dependencia. “Más allá de las leyes que contemplen este tipo de juicio abreviados y acuerdos entre partes esto es una aberración”, dijo a AIM María Elena Alé, del colectivo asambleario.

“Esperamos que el juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Mauricio Mayer, el próximo 20 de agosto pueda resolver un veredicto acorde a una perspectiva de género, y el cumplimiento del interés superior del niño, dictaminado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la cual Argentina es país signatario, como así también de las normativas vigentes que condenan con mayor severidad este tipo de delitos a la infancia”, plantearon en un comunicado la Asamblea de Mujeres, para rechazar el juicio abreviado y acuerdo en un caso de abuso a una menor cometida por un ex empleado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). “La verdad esto nos deja un sabor amargo, no condice con la gravedad del hecho y no preguntamos si estas penas acordadas son un mensaje de impunidad”, lanzó Alé a esta Agencia.

En el comunicado la organización señaló sobre los hechos que “adquieren mayor relevancia y gravedad cuando se supo que los abusos transcurrieron en el Copnaf por cuanto a dicho ‘organismo le corresponden las competencias institucionales otorgados por la Ley Nº 9861 de Protección integral de los derechos del Niño, el Adolescente y la familia’, por ser éste la máxima autoridad provincial administrativa de protección de derechos reconocidos en la mencionada normativa vigente. Por el lugar de pertenencia del abusador y el lugar en donde se cometieron los hechos, consideramos que el poder judicial debería haber actuado con mayor severidad en la pena impuesta debido a que es responsabilidad de toda la ciudadanía velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero además existe una responsabilidad mayor cuando lleva adelante este tipo de violaciones personal que debería ejercer un rol de garante de esos derechos”, indicaron.

Actores

Sobre cómo se llega al castigo, Alé comparó que “las penas que se han acordado equivalen a un falta que se asimila a un delito menor, menor incluso que un accidente vial con algún tipo de dolo. Esto tendría más pena que haber abusado a una nena durante 4 años en el edificio del Copnaf, que es el órgano que está definido por la ley que tienen que va a custodiar y reparar sobre la vulneración de los derechos de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces a nosotras nos da un estupor ante esta clase de acuerdos, porque es minimizar lo que pasó”, reiteró.

“Entendemos que las víctimas y familias las encuentran muy cansadas a la hora de que se resuelvan todo, de aceptar la culpabilidad de los violentos, pero no es el caso, porque acá hay responsabilidad del Poder Judicial de hacer que esas sentencias o fallos den cuenta de la gravedad de los delitos que se comenten. Entonces no es responsabilidad de las víctimas determinar la pena. Sí de los actores de la Justicia, la defensora y la fiscalía que es la parte acusatoria”, indicó.

Por otra parte, cuestionó cómo “se resuelve la parte del trabajo comunitario (al victimario), exponiendo a una organización de la sociedad civil a que vaya una personas que ejerce ese tipo de delitos sexuales a infantes a trabajar comunitariamente como si fuera a revertir el accionar que tienen en este tipo de personas. Hay persones de este tipo que no se van a corregir con trabajo comunitarios”, afirmó. “Nos llama la atención y nos preocupa, y es por eso que pedimos que no se reconozca este acuerdo”.