EL TRIBUNAL DE CUENTAS AUDITÓ EL PROGRAMA CIUDADES SUSTENTABLES
22/06/2020 – Auditores del Tribunal de Cuentas relevaron y evaluaron la correcta recepción y aplicación de los bienes entregados por Nación a la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa “Unidad de Ciudades Sustentables”. Los municipios auditados fueron Piedras Blancas y La Paz, además de la Comuna de Colonia Avigdor, quienes recibieron luminarias LED solares, contenedores y diferentes rodados de trabajo en comodato.
Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia se lleva adelante la tarea de controlar los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en Entre Ríos, procurando que las políticas públicas de contención, promoción, desarrollo, integración e igualdad social lleguen a quienes realmente las necesitan, evaluando su desempeño y contribuyendo a su mejoramiento.
En este sentido, y en el marco de la Red Federal de Control Público, auditores del Tribunal de Cuentas realizaron un relevamiento y evaluación de la correcta recepción y aplicación de los bienes entregados por Nación a la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa “Unidad de Ciudades Sustentables”; como así también, la verificación del cumplimiento del objeto que fuera convenido con las distintas localidades.
Las tareas efectuadas por los auditores del órgano de control se llevaron a cabo en la Municipalidad de Piedras Blancas, destinataria de tres campanas para un punto limpio (papel y cartón, vidrio y PET y aluminio), treinta luminarias LED solares, y cinco contenedores en comodato; en la Municipalidad de La Paz, localidad que recibió en comodato una pala cargadora, cinco contenedores, seis campanas para dos puntos limpios (papel y cartón, vidrio y PET y aluminio), y treinta luminarias LED comunes; y en la Comuna de Colonia Avigdor, la cual recibió en comodato una chipiadora, un tractor, y una pala retroexcavadora
Dicha tarea se realizó de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02-SGN “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, los lineamientos establecidos en el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 S.G.N. y teniendo en cuenta los puntos de control señalados por la Unidad de Auditoría Interna (U.A.I.) de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Mediante este Programa Nacional, el Estado financia acciones tendientes a sensibilizar, movilizar y ofrecer herramientas para que las ciudades se desarrollen de forma económica, social y ambientalmente sustentable.
Además, como parte de los trabajos de control realizados, los auditores del TCER analizaron el cumplimiento del objeto establecido en los diferentes convenios suscriptos con los municipios.
Red Federal de Control Público
La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la política social.
En este marco, se realizan auditorías conjuntas y actividades de intercambio técnico entre SIGEN, las UAI y los órganos de control incorporados. Una de sus mayores fortalezas reside en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un método articulado y federal para un control más eficaz, que atienda a las particularidades de cada región.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue uno de los primeros órganos de control en adherir a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002, cuando sólo estaba conformada por 10 de los 47 organismos que hoy controlan todos los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública en cada provincia.
La Red Federal de Control Público constituye un instrumento eficaz y permanente para la fiscalización de la gestión pública, con mecanismos de prevención, detección y medición de gran utilidad para la minimización de los riesgos a los que se encuentra expuesta la misma.
