PROVINCIALES

“ES UN ACIERTO DEL PRESIDENTE DAR INTERVENCIÓN A LOS MUNICIPIOS”

 

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Angel Giano, celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de otorgar facultades a las y los intendentes -en coordinación con los gobiernos provinciales- para intervenir en la fiscalización y el control de los precios en sus Municipios, aplicando la Ley de Abastecimiento, y asegurar que se cumplan con las normativas vigentes para defender el consumo de la población, en especial de las personas más vulnerables, garantizando el acceso a los bienes esenciales que satisfagan necesidades básicas vinculadas al bienestar general.

Giano destacó el DNU que le otorga potestad a los municipios para que ejerzan el poder de policía de control y fiscalización y evitar que comercios de cercanía se abusen con sobreprecios en la actual emergencia sanitaria y consideró que “el control de precios en cada uno de los territorios comunales es también una forma para que las y los presidentes municipales sigan acompañando las decisiones que están llevando adelante tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández como el gobernador de la Provincia, Gustavo Bordet”.

“Es preciso el máximo compromiso en cada esfera de gobierno para poder llevar adelante las decisiones en beneficio de toda la población, especialmente las personas con menos recursos”, sostuvo Giano, y añadió que “el control de precios es indispensable que se haga de manera exhaustiva y para ello nada mejor que quienes conocen la realidad de su territorio” indicó el presidente de la Cámara de Diputados.

“Es necesario asumir un compromiso en relación a esta situación que hoy nos afecta y sobre todo para que no haya quienes realicen prácticas abusivas y busquen beneficiarse o aprovecharse en relación a un problema sanitario, económico y social sin precedentes”, expresó Giano en adhesión a los alcances previstos por el DNU que modifica la Ley de Defensa de la Competencia y declara autoridad de aplicación de la misma a los intendentes en coordinación con los gobiernos provinciales conforme normativas de las provincias y municipales.

La medida establece la facultad a los municipios para la aplicación de la ley y la potestad de sancionar a los comercios de cercanía que aumentan los precios incumpliendo la normativa vigente en perjuicio del bienestar general.

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