CONTRATOS TRUCHOS: APARECE DOCUMENTACIÓN DEL PERÍODO NO INVESTIGADO

En el juicio contra Urribarri aparecieron elementos que se daban por desaparecidos y que sirvieron para no profundizar la pesquisa sobre la causa en la que se investigan diez años en la Legislatura.
Exactamente hace una semana, como al pasar, en el juicio oral y público que se sustancia contra Sergio Urribarri, apareció un elemento que remite a otra causa aun no elevada a juicio: la de los contratos truchos en la Legislatura.
Ese día declararon dos personas cuyos testimonios debieron repercutir en el otro legajo que hace ruido en los tribunales de Paraná. Luis Eduardo Fernández, uno de los testigos que pasó por el juicio en el que se juzga al ex gobernador y ex funcionarios, reveló haber estado contratado en el Senado. La factura que certifica esa información fue hallada en la casa de Juan Pablo Aguilera, uno de los principales imputados en el juicio que se lleva adelante, pero también en la causa contratos. Fernández dijo que nunca trabajó en el cuerpo de senadores, que no había confeccionado la factura que le mostraron en la audiencia y tampoco reconoció como propia la firma que había en ella.
La escena se repitió cuando declaró Julio Alberto Alegre, quien dijo haber tenido un contrato en la Cámara de Diputados. Su contratante, según reveló, fue el ex diputado Hugo Berthet, que ocupó una banca durante el período 2007-2011, justo el que quedó afuera de la pesquisa de la Procuración General en la causa contratos.
“No me exigía horarios, más que nada hacía trabajos referidos a la política y mandados para él”, dijo Alegre. Recibía un cheque de 6.000 pesos y “a veces cobraba menos o más que eso”, contó. Se lo endosaba a Alejandro Almada, cuñado de Aguilera e imputado en la causa contratos.
El ex diputado Berthet fue citado, días después, para prestar declaración. Su testimonio fue divertido. Contó anécdotas del PJ, de sus viejos compañeros de ruta, las internas del peronismo y así.
Ni la fiscalía ni los abogados defensores tenían por qué indagarlo por una causa que no se está tramitando en esa instancia. No obstante la sensación fue rara. Por el lado de la Procuración General la que interrogaba era Patricia Yedro, una de las fiscales de la causa contratos. Por el otro lado, en la defensa, se repiten los nombres de los abogados en esa causa.
El miércoles, dos días después de los testimonios de Fernández y Alegre y un día antes que el de Berthet, se sentó en el banquillo Carlos Alberto Ramírez, trabajador de Next SRL y TEP SRL, empresas que se le adjudican a Aguilera.
En la pantalla de la sala de audiencia la fiscal Yedro pidió que se le diera play a un archivo. Cuando se abrió, apareció un contrato de Ramírez en la Cámara de Diputados, adonde ingresó en 2008 y se desempeñó hasta 2012 en la tarea de “mantenimiento”. Al testigo se le exhibió el contrato firmado el 1º de marzo de 2008, que reconoció, y una nota previa enviada al presidente del cuerpo, Jorge Busti, para iniciar el trámite de contratación. Eran los tiempos en que Urribarri y su mentor y antecesor no tenían ningún enfrentamiento. Quizás por eso Aguilera haya querido darle una mano a un compañero con la billetera de Busti.
¿Habrán tomado nota José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón de esas evidencias para remitírselas a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que debe resolver si eleva o no a juicio la causa contratos?
No, no y no
El 22 de julio pasado, Página Judicial publicó la testimonial de un imputado clave en la causa contratos. Se trata de Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados. Su ampliación de indagatoria fue el viernes 28 de mayo, tres días antes de que Yedro e Ignacio Aramberry cerraran la investigación y solicitaran la elevación a juicio.
Esa mañana, Cardoso además de endilgar toda la responsabilidad de las contrataciones a la dirigencia política (que ninguno fue imputado), contó ante Yedro y Aramberry lo siguiente: “Cuando asumo en el año 2011 como director de Administración (de la Cámara de Diputados) le solicito al director saliente, Abel Benedetti, librar el acta correspondiente de traspaso. Esa acta salió publicada en un medio hace poco tiempo. Ahí quedaba reflejado el saldo bancario de la única cuenta que tenía la Cámara de Diputados, los cheques pendientes de cobro, un arqueo de caja, los cheques existentes. Cuando nos dirigimos a los archivos correspondientes al área de contratos de obra estaban vacíos. No había ninguna documentación de ese período que finalizaba. Esa acta debería encontrarse en la administración de la Cámara de Diputados”.
El acta, que refiere al período 2007-2011 en la Cámara de Diputados, cuando estuvo presidida Busti y cuyo período no alcanzó la investigación sin ninguna explicación, fue publicada por Página Judicial.
Tras la publicación, en la Procuración General, no Yedro ni Aramberry, se dijo que se trataba de una “operación de prensa”. Lo cierto es que la información no fue desmentida. Y tampoco valorada por quienes llevaban adelante la investigación.
¿Es falsa el acta? No. ¿Fue incluida o tomada como punto de partida para profundizar la investigación? No. ¿El testimonio de un imputado que ratificó su existencia y dio precisiones en la indagatoria es menor? No.
Evidentemente es más fácil sentarse en una mesa y apuntar a un sector de la prensa que publica algún elemento que hace ruido en acuerdos preexistentes que establecer un criterio de igualdad en un proceso penal. La causa posiblemente sea elevada como está. La pregunta acerca de por qué se recortó el período 2007-2011 ya fue respondida: porque no hay documentación. Pero hay.