ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: ESTÁ PREVISTA LA INDAGATORIA A CANOSA Y SU ESPOSA

El extitular de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, no pudo frenar la convocatoria a indagatoria que formuló el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa en la que está siendo investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El viernes por la tarde, la jueza de Garantías Marina Barbagelatta rechazó un planteo de nulidad interpuesto por la defensa del exfuncionario contra dicha convocatoria.
Canosa fue condenado en septiembre de 2018 por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Entonces, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo le impuso 3 años de prisión condicional más una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, en los Tribunales aún sigue abierta una causa en la que se investiga su crecimiento patrimonial mientras ocupó diferentes cargos en la Administración Pública. El caso está en manos de los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.
La pesquisa judicial sobre Canosa arrancó luego de una presentación ante el Procurador General Jorge García que hiciera a mediados de diciembre de 2016 el entonces senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos).
Unos días después, hubo otra presentación contra Canosa en el que se dio cuenta de su brusco aumento patrimonial, esta vez motorizado por un grupo de diputados de Cambiemos.
A 5 años de aquella presentación, la Fiscalía convocó a Canosa y su esposa, la abogada Paula Montefiori, a declaración indagatoria para el lunes próximo, a fin de que justifiquen sus bienes. Si los fiscales encuentran inconsistencias, el matrimonio podría ser imputado.
Según supo Entre Ríos Ahora, contra esa convocatoria, los abogados del matrimonio presentaron un pedido de nulidad. El planteo fue tratado el miércoles 22 por la mañana ante la jueza de Garantías Marina Barbagelatta.
En la audiencia los abogados de Canosa y Montefiori, Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, sostuvieron que la Fiscalía no incorporó todos los bienes sobre los que sus defendidos darán explicaciones para justificar el patrimonio en común.
Por su parte, el fiscal Juan Malvasio se opuso al pedido de nulidad y remarcó que es el Ministerio Público Fiscal el encargado de llevar adelante la investigación, y quien define la marcha de la causa.
Tras oír a las partes, la jueza Barbagelatta abrió un cuarto intermedio hasta este viernes a las 17, donde dio a conocer su rechazo al planteo de los defensores.
De este modo, el lunes por la mañana el matrimonio investigado deberá asistir a indagatoria al edificio del Ministerio Público Fiscal, en Paraná.
La causa
Cabe recordar que en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el 25 de abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales, disposición que autorizó la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo: Mutual Modelo, en Gualeguaychú 204; Mutual Urquiza, en Urquiza 80; Mutual Solidaridad, en Libertad 139; y en la Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar ). De esas pesquisas, el Ministerio Público Fiscal obtuvo datos muy relevantes: descubrió una serie de “inversiones” de Canosa en dos mutuales.
“El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos,  operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló el fiscal Malvasio en una audiencia realizada el 4 de agosto de 2017.
Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.
“El presidente de la Mutual 10 de abril acompañó a la Fiscalía un contrato de mutuo, que está refrendado por el imputado Canosa y por el presidente de la mutual. Es una inversión de 100 mil dólares, Con un interés del 15% anual. Asimismo, Mutual Amcap ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que el imputado Canosa, entre abril y noviembre de 2016, invirtió entre 300 y 400 mil pesos en la mutual”, añadió entonces.
Así, la investigación judicial detalló, en principio, la destreza como buen inversor de Canosa: en la Mutual 10 de Abril “invirtió” primero 920 mil, y luego, 100 mil dólares; y en la Mutual Amcap, entre $300 mil y $400 mil.
En aquella audiencia, el fiscal hizo notar que “en las declaraciones juradas de Canosa no se advierten estas sumas invertidas”.
En la investigación también se supo que Canosa cuenta con 4 lotes, con una superficie 1.424 metros cuadrados, en el Complejo Interlagos de las Termas de María Grande. Y que pasó de ocupar un departamento adquirido mediante el sistema Pilay, en calle Urquiza al 1500, a tener una grandiosa mansión en la zona de la Toma Vieja, con bodega privada incluida.
Canosa en la función pública
Juan José Canosa ingresó al Estado a los 30 años. Su primer trabajo fue como asesor del exdiputado provincial Raúl Taleb. A finales de 2003, y con Jorge Busti de gobernador, consiguió un puesto en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, que conducía el exgobernador, Sergio Urribarri. Pasó a ser el secretario Legal y Técnico de la cartera política.
Luego se convirtió en interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos (Laer), función que ocupó desde febrero de 2004 hasta enero de 2007. En medio, en 2005, se casó con la abogada Paula Montefiori.
En 2009, con Sergio Urribarri en el Gobierno, accedió a la presidencia de Sidecreer, cargo que retuvo hasta diciembre de 2015. Aunque antes había ocupado esa función durante la gobernación de Busti, desde el 21 de diciembre de 2007.
Concluidas las dos gestiones de Urribarri, no perdió empleo en el Estado: desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados.
En junio de este año la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sentencia de 2018 por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Tras ese proceso que llevó casi tres años, los fiscales Malvasio y Brugo solicitaron al juez Alejandro Grippo que libre un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, para hacer efectiva la sentencia. De modo que ahora, se espera que el área legal de la Cámara Baja disponga el cumplimiento de un sumario administrativo como requisito para la exoneración del agente.