LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO PARANÁ APORTA A LA SOBERANÍA CON PERSPECTIVA INTEGRAL
La Diputada nacional por Entre Ríos Blanca Osuna presentó un proyecto de Ley para la creación de la Comisión Administradora del Río Paraná, compuesto por las seis provincias que comparten su curso en el territorio nacional, con el propósito de institucionalizar un ámbito de ejecución de políticas ambientales, económicas y sociales. Además, la iniciativa establece la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un Fondo de Compensación Ambiental.
“Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible”, afirmó Osuna sobre la iniciativa presentada que conforma una Comisión integrada por Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de un representante designado por el Ejecutivo nacional. “La conformación debe respetar la igualdad de género”, agregó.
Explicó que “en Argentina los ríos compartidos entre jurisdicciones provinciales o internacionales cuentan con entes, cuyo propósito es coordinar políticas de uso racional y respeto ambiental del curso hídrico”. Enumeró el caso de los “Comités de Cuencas Juramento- Salado y Salí Dulce, o los casos de la Comisión Administradora del Río Uruguay, y la del Río de la Plata”. La Diputada puntualizó que “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso”.
“La protección de la biodiversidad, el aprovechamiento de aguas para uso doméstico y productivo, el saneamiento y el tratamiento de efluentes cloacales e industriales, la gestión de residuos, la pesca y la piscicultura, el cuidado de zonas costeras, la protección en período de bajantes y en zonas inundables, la prevención de incendios y la aplicación de la Ley de manejo del Fuego N°27.604; la promoción de actividades deportivas y turísticas; el mejoramiento de las interconecciones fluviales, viales y ferroviarias; y la generación de propuestas normativas, son competencias de esta Comisión, con el propósito de realizar un abordaje integral y holístico sobre la biodiversidad, los bienes ambientales y la calidad de vida de la población que habita estas zonas”, detalló la Legisladora nacional del Frente de Todos.
Osuna explicó que el río Paraná “es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país”. Analizó la bajante a niveles históricos, caracterizada por “un conjunto de hechos que abarcan una larga sequía, los numerosos represamientos ubicados en su tramo superior, la producción con perfil extractivista, la deforestación de bosques y selvas, y la afectación de los humedales en su curso”. Añadió entre las causas a los incendios “cuya gravedad ha afectado el ambiente y la riqueza natural del humedal Delta”. En esa línea, destacó que estas leyes, “que se vinculan con otras normativas y políticas del Ejecutivo nacional, plantean un trabajo articulado, con enfoques solidarios con lo humano, lo ambiental, lo comunitario y lo cultural, en el compromiso por nuestra biodiversidad, sus habitantes y las futuras generaciones”.
Participación Comunitaria y Fondo de Compensación
“Esta Ley que estamos poniendo a consideración constituye el Consejo de Participación Comunitaria Ribereña del Paraná, como ámbito de participación social, con los distintos actores involucrados, con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil”, remarcó la ex Intendenta de Paraná. Detalló la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, administrado por la Comisión, “con la finalidad de accionar en la prevención, la mitigación y la recomposición de los daños ambientales”. Y afirmó que es fundamental, con todos los actores, “institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema”, puntualizó Osuna.
“El Acuerdo Federal del Agua firmado en 2003, la aprobación de la reciente Ley de Educación Ambiental, la Ley Yolanda, la iniciativa con dictamen de comisión sobre la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, el nuevo marco regulatorio de Biocombustibles y la decisión del Estado nacional sobre la Hidrovía, marcan una dirección de trabajo que preserve nuestra casa común, genere conciencia ambiental y fije políticas de estado, porque legislar sobre estos temas es transformar con igualdad y justicia social sobre los recursos estratégicos, los ecosistemas y la soberanía ” concluyo.
