EMPRESA PROVEEDORA DEL ESTADO RECONOCE DELITO Y SIGUE

Una constructora admiti贸 una irregularidad en una obra y lo dej贸 sentado en un convenio municipal. La firma tiene otros asuntos pendientes en la Justicia. La patria contratista entrerriana y la reiteraci贸n permanente de estafar al Estado.

Con el Estado como principal promotor de la inversi贸n y un Poder Judicial raqu铆tico al momento de aplicar la ley sobre el sector, la provincia pareciera convertirse en un para铆so para la construcci贸n.

Lo sucedido en Larroque en las 煤ltimas horas da un paso m谩s sobre la idea de que el sistema est谩 cada vez peor, pero ahora sus operadores se muestran de cara a la sociedad, lo que supone que la sinceridad es un aliciente. No lo es.

El Concejo Deliberante de esa ciudad en la sesi贸n de este mi茅rcoles aprob贸 un convenio suscripto entre la empresa constructora OIC S.A. y la Municipalidad para resolver la discusi贸n econ贸mica entre ambos vinculada con una obra de catorce cuadras de asfalto cuyos presuntos il铆citos por sobreprecios se investigan en sede judicial de Gualeguaych煤.

En el acuerdo aprobado en el 谩mbito legislativo, ambas partes reconocieron la existencia de irregularidades en la contrataci贸n y que hubo sobreprecios en la obra. El contrato celebrado en junio de 2015 fue de $ 12.466.760. El mismo lo firmaron el entonces intendente Ra煤l Riganti; y su secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, actual jefe comunal. Ese a帽o asumi贸 Dar铆o Benedetti, de Cambiemos, quien decidi贸 devolver la plata de la obra al gobierno nacional por entender que el contrato firmado por la gesti贸n saliente era irregular. Paso seguido hizo una denuncia penal por sobreprecios. La empresa, por su parte, promovi贸 una demanda ante la C谩mara en lo Contencioso Administrativo de Concepci贸n del Uruguay con el objetivo de cobrar ese monto.

Mientras el fuero penal avanza, la cuesti贸n civil (o econ贸mica) se resolvi贸 con la firma del convenio que los concejales del oficialismo aprobaron este mi茅rcoles. Seg煤n el acuerdo al que tuvo acceso P谩gina Judicial, ambas partes coincidieron en que el saldo de la obra no es de $ 12.466.760 sino de $ 7.798.830,80. A ese n煤mero arrib贸 la pericia oficial, Beltr谩n Ra煤l Uranga. Ambas partes- esto es una genialidad 鈥 reconocen que los vicios e irregularidades detectados por la auditor铆a han sido parcialmente determinados judicialmente en el juicio contencioso administrativo. En resumen: el entonces secretario de Gobierno y ahora Intendente acord贸 con la empresa que hace cuatro a帽os cometieron un il铆cito y decidieron resolverlo con otro objetivo: seguir trabajando juntos.

OIC S.A. cobrar谩 finalmente los casi 8 millones m谩s intereses, y no 12 como pretend铆a, y continuar谩 siendo proveedor del Estado si se toman en cuenta las palabras del presidente del Concejo Deliberante, Oscar Viale, antes de aprobar el convenio con el voto del oficialismo: 鈥淗ay que seguir trabajando鈥

Del acuerdo se desprende que existieron irregularidades en la contrataci贸n y que existi贸 un sobreprecio que por lo menos es cercano al 40% reconocido, ya que el costo originario era de algo m谩s de $ 21.000.000 y la empresa cobrar谩 algo m谩s de $ 15.000.000.

Lo maravilloso del caso es que el reconocimiento del delito lo hace la actual administraci贸n municipal cuya m谩xima autoridad puso la firma a aquel contrato que la Justicia investiga y el mi茅rcoles es la audiencia de remisi贸n a juicio.

Sigue

OIC SA ha sido una de las empresas m谩s beneficiadas en los contratos de obra p煤blica durante la gesti贸n de Sergio Urribarri. Incluso, form贸 parte del selecto club que se llev贸 la friolera de $38 millones por servicios prestados en la organizaci贸n de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paran谩 en diciembre de 2014. Su titular Daniel Here帽煤 est谩 siendo investigado por esa causa.

La firma tambi茅n est谩 siendo investigada por una causa de sobreprecios con la Municipalidad de Segu铆 en la gesti贸n de Cristian Treppo. En su momento, el entonces intendente le respondi贸 en conferencia de prensa a los concejales opositores que lo hab铆an denunciado: 鈥淓sta obra no fue hecha en una libreta de almacenero, sino con un presupuesto serio y que se ha llevado a cabo en un mont贸n de municipios en Entre R铆os鈥. Y agreg贸: 鈥淣o es una casualidad que el municipio m谩s peque帽o de la regi贸n sea hasta hoy pr谩cticamente el que m谩s hace con tan poco dinero y sin gastar un solo peso de m谩s鈥.

En 2018 Sergio Varisco, en su 煤ltima gesti贸n, adjudic贸 70 cuadras de pavimento en Paran谩 en $ 80.000.000. El costo fue de $ 11.428 el metro. En Larroque, en junio de 2015, fue de $ 17.948 el metro. La adjudicataria de la obra de las dos obras fue OIC SA.

Un a帽o antes en la sana localidad de Puiggari, en Libertador San Mart铆n, departamento Paran谩, se hicieron obras de saneamiento que consisti贸 en la ejecuci贸n de desag眉es pluviales. La obra, con una inversi贸n del tesoro provincial de 7.108.232,75 pesos, fue ejecutada por la empresa O.I.C. SA.

Estos ejemplos demuestran que el empresariado que opera con el Estado, sin distinci贸n de colores partidarios, sigue siendo el mismo.

Sigue鈥igue

En marzo del a帽o pasado, la C谩mara Federal de Apelaciones confirm贸 el sobreseimiento de Miguel Marizza, ceo de Caballi SA, por un delito de fraude fiscal, a trav茅s de una compleja maniobra contable que consist铆a en la presentaci贸n de certificados truchos de retenci贸n a distintas empresas para la cancelaci贸n de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones. Se trat贸 de una gran estafa estimada en 84 millones de pesos en perjuicio de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) perge帽ada por una asociaci贸n il铆cita integrada por abogados, contadores y una procuradora del organismo recaudador. Marizza estaba acusado por el delito de simulaci贸n dolosa de pagos, es decir, por haber perge帽ado una maniobra para evadir el pago de 386.855,35 pesos que le reclamaba la AFIP en concepto de IVA.

Iv谩n Szczech, sin embargo, tiene pendiente una causa similar en la Justicia. Es un caso similar al de su amigo Marizza. La C谩mara Federal de Casaci贸n Penal revoc贸 el sobreseimiento del empresario en una causa donde se lo investiga por haber perge帽ado una maniobra para evadir el pago de impuestos a trav茅s compensaciones truchas y orden贸 continuar con la investigaci贸n por el delito de simulaci贸n dolosa de pagos. Est谩 acusado por el delito de simulaci贸n dolosa de pagos, en una causa que se inici贸 a ra铆z de una denuncia formulada por la AFIP, en la que dio cuenta de que el empresario de la construcci贸n hab铆a perge帽ado una compleja maniobra contable para generar un saldo de libre disponibilidad con el objetivo de no pagar al fisco con dinero real sino por compensaci贸n, y evadir el pago de 340.602,56 pesos e intereses por 125.569,27 pesos en concepto de IVA por el per铆odo octubre de 2009.

El sistema no parecer铆a recaer en el sistema, que puede ser perfectible, sino en los operadores del mismo. Se repiten las empresas. Se repite la dirigencia. Se repite la corrupci贸n.

Fuente:聽P谩gina Pol铆tica
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