LA ARGENTINA PROPUSO EMPEZAR A PAGAR LA DEUDA EN 3 AÑOS CON UNA QUITA DEL 62% EN LOS INTERESES

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicaron los detalles de la propuesta en la Quinta de Olivos junto a varios gobernadores.

Con una escenificación que buscó enviar un mensaje de consenso político, y con la presencia de Cristina Kirchner y gobernadores, el gobierno presentó hace minutos su oferta para la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados con títulos bajo legislación extranjera.

La oferta “de buena fe” implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso implica que el gobierno no pagará hasta 2023. En ese año, el país empezaría a un cupón promedio -una tasa de interés de 0,5%-. Esas tasas irían creciendo a niveles “sostenibles”. El cupón promedio rondaría el 2,33%, según la oferta.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicaron los detalles de la propuesta en la Quinta de Olivos junto a varios gobernadores. Son las precisiones que esperaba el mundo financiero sobre los principios del diseño, entre ellos, los números finos sobre período de gracia, la reducción de cupones, las extensiones de vencimientos, mecanismos de recuperación de valor, y costo de refinanciación y exit yield (tasa de retorno), entre otros.

Los inversores esperaban que el próximo paso del Ejecutivo fuera la interrupción del pago de intereses con reservas de los bonos globales que vencen el 22 de abril -algo que ya había anticipado Guzmán-, lo que deja con un margen estrecho de negociación con los fondos de inversión, bancos e inversores para no volver a caer en default con su deuda bajo leyes de Nueva York, Londres y Tokio. De no llegar a un acuerdo antes de esa fecha límite, el gobierno tendrá aún 30 días más de gracia para evitar que el país sea declarado en cesación de pagos, publicó La Nación.

En el cronograma oficial presentado por Guzmán el 29 de enero pasado -atrasado por los problemas logísticos que generó la pandemia- establecía como siguientes pasos que, una semana después de la presentación, ya expiraba el período de aceptación de la oferta, se comunicaban oficialmente los resultados y se prepara el documento para ejecutarla.

El miércoles pasado, el Ministerio de Economía presentó el primer paso formal para lanzar su oferta a los bonistas. Pidió a la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) una autorización para emitir deuda por US$50.500 millones. Fueron US$20.000 millones más que la establecida en marzo.

Según el decreto 250/20, que dio luz verde al canje, la deuda privada bajo legislación extranjera a reestructurar sería de US$68.842.528.826. Este año quedan vencimientos de esos papeles por aproximadamente unos US$3300 millones.

En el mercado ya se especulaba con una oferta hostil, luego de que el Gobierno anticipara que la “contribución apreciable” de los acreedores privados debía ir en sintonía con los escenarios propuestos por el FMI, otro importante acreedor de la Argentina. El organismo que conduce Kristalina Georgieva -que buscará acordar un nuevo programa con el país- calculó que el alivio debería implicar una reducción de los pagos que iba de US$55.000 millones a US$85.000 millones en diez años. Además, incluía un período de gracia de cinco años para el comienzo de los pagos. Es el precio para lograr la “sustentabilidad” de la deuda en el lenguaje de Guzmán.

A pesar de que Guzmán dijo que buscaría “un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y bajo las leyes extranjeras”, el 6 de abril pasado, el Ministerio de Economía decidió unilateralmente la postergación del pago de los bonos en dólares emitidos bajo legislación local hasta el año próximo. Se trata de US$10.000 millones a pagar este año.

En una presentación frente a bonistas extranjeros en un webcast, el ministro dio semanas atrás las principales perspectivas en la búsqueda de la preciada sustentabilidad. Respecto al resultado primario, se prevé para este año un déficit de 1,1% del PBI en el mejor escenario y de -1,5% en el peor. Para 2021, será de -0,5% o de -0,9%. El equilibrio fiscal podría llegar recién en 2022 o 2023, según los escenarios oficiales que plantean un aumento en la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit comercial. El propio Guzmán aseguró entonces que no se incluía el impacto de la pandemia de coronavirus en sus últimas estimaciones previstas. El FMI anticipó en su panorama mundial presentado ayer, una caída para este año de 5,7%.