PUENTE AL EMPLEO PARA BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES
El régimen establece incentivos para el empleador durante doce meses, y la garantía para el empleado de no perder el plan social si desiste de continuar.
A partir del 1º de octubre entrará en vigencia el programa Puente al Empleo, por el cual el gobierno nacional aspira a “incorporar a 200 mil trabajadores de la economía social” al mercado laboral formal, según lo describió en su oportunidad el ministro de Economía, Sergio Massa. El decreto que le da vida, firmado este lunes, establece que “las empleadoras y los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras o nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo gocen, respecto de cada una de las nuevas incorporaciones, de una reducción de sus contribuciones patronales con destino a la seguridad social y de la posibilidad de considerar e imputar la asignación dineraria de dichos programas a cuenta del pago de la remuneración”.
En su participación hace una semana en el encuentro del Consejo de las Américas que tuvo lugar en Buenos Aires, Massa anticipó el lanzamiento de este programa precisando que se buscará que las incorporciones se den en empresas de hasta cien empleados, “que son el 98% del total de los empleadores”. Detallando, además que este programa “permitirá avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan social hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal”. Y citó como ejemplos la construcción, el trabajo rural, el tabaco y demás economías regionales.
El objetivo principal del programa, según lo define el decreto en su primer artículo, es “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad (…) promoviendo la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo, siempre que las nuevas incorporaciones produzcan un incremento neto en la nómina de personal, durante 12 meses podrán imputar la asignación dineraria del programa del que proviene el contratado, “a cuenta del pago de la remuneración”. Debiendo pagar, en consecuencia, sólo la diferencia respecto, por ejemplo, del salario de convenio para la categoría y actividad que desempeñe el contratado.
“Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las trabajadoras o los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas”, señala el artículo 3º del decreto, lo que actúa como un incentivo al beneficiario de un programa social para acceder a un trabajo dentro del programa Puente al Empleo, sin riesgo de que por ello vaya a perder la asignación.
En cuanto al empleador, otro incentivo especial es que “para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa, la reducción de las contribuciones patronales correspondientes será del 100 por ciento”, según lo establece el artículo 4º del mismo decreto.
El artículo 11 del decreto define que “el beneficio establecido en el artículo 4° será compensado con recursos del Tesoro Nacional con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional”.
El proyecto, que originalmente se había pensado para plantearse en el Congreso, para que tuviera fuerza de ley, cambió su forma al asumir Sergio Massa la titularidad de la cartera económica. Se trata de uno de los ejes de acción que el ex presidente de la Cámara de Diputados enumeró al asumir, cuando planteó la necesidad de “un reordenamiento de los planes sociales durante los próximos doce meses”.
