COMIENZA UNA RONDA DE CONSULTAS PARA MODIFICAR LA LEY DE ALQUILERES

Se escuchará a asociaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias y luego tendrá un debate interno sobre los distintos proyectos presentados para modificar la normativa; se tratarán las modificaciones al proyecto original, aprobado en junio de 2020; Cecilia Moreau será la encargada de la presidencia de la Comisión de Legislación General.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

“Queremos trabajar en estos 30 días hábiles que se fijaron para intentar conseguir un acuerdo, sobre una ley que muchos de nosotros acompañamos y que de hecho derivó en requerimientos muy importante tanto de los inquilinos, como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar”, señaló la diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, al definir el cronograma del trabajo en comisiones.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias, entre otros.

La comisión cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

“Nos parece que así como hicimos en otros temas, y como queremos seguir trabajando, sería importante que establezcamos un cronograma dándole a ésta temática una visión federal, porque nos parece que es muy importante que se escuche no solo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, agregó la diputada oficialista.

Los principales espacios políticos acordaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratarlo -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y Juntos por el Cambio no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En el temario de ese pedido de sesión especial, Juntos por el Cambio había solicitado la derogación de la Ley de Alquileres aprobada en 2020; una norma que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, y que en los últimos tiempos desde la mayoría de las fuerzas coincidieron en señalar que “fracasó”.

En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal; aunque las fuentes consultadas dan a entender que se llegará a un proyecto consensuado y que la votación será transversal a los partidos o coaliciones políticas.

Además de Moreau, integran la comisión de Legislación General los oficialistas Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Lia Marín, Mónica Litza y Carolina Gaillard, entre otros. Por Juntos por el Cambio están Carla Carrizo, Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, entre otros. La restante integrante es Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense.

La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años. También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quién paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.