MINERÍA EN CHUBUT: ¿LA LEY DE LAS MINERAS O LA LEY DEL PUEBLO?
Una vez más la Legislatura de la Provincia de Chubut suspendió el tratamiento de la Ley de Desarrollo Productivo Sustentable de la Meseta, también conocida como ley de zonificación minera o como la ley que las mineras exigen a la provincia para instalarse y no hacerse cargo de los daños ambientales que generarán.
Ya sea, por supuesto, por pagos de coimas a los legisladores, por la presión popular (especialmente de las asambleas que llevan una lucha de 18 años resistiendo al embate de la megaminería) o por el escándalo político generado tras los incendios en la Comarca Andina y agresión a la comitiva del presidente Alberto Fernández en Lago Puelo, el proyecto de Ley que el gobernador Mariano Arcioni envió a la Legislatura siempre se posterga pero nunca se cae.
Mientras tanto, la Segunda Iniciativa Popular para prohibir la megaminería, presentada con más de 30000 firmas es ignorada por la Legislatura. La Iniciativa Popular es un derecho de los ciudadanos de Chubut, previsto en el artículo 263 de la Constitución Provincial que los permite presentar un proyecto de ley ante el Tribunal Electoral. El proyecto debe tener la firma del 3% de la población. Luego de que el Tribunal corrobora dicha firma, el proyecto de Ley pasa a la Legislatura que tiene 6 meses para darle tratamiento.
El pueblo chubutense reunió más de 30 mil firmas (mucho más del 3% de la población) en octubre de 2020 y realizó la presentación en el Tribunal.No es la primera vez que la población de Chubut hace uso de la Iniciativa Popular con la intención de evitar la instalación de la megaminería en la provincia.
La Primavera Iniciativa Popular se trató en la Legislatura el 25 de noviembre de 2014, pero la ley que se terminó aprobando nada tenía que ver con la propuesta por la ciudadanía sino que fue cambiada a voluntad de gerentes mineros. Inclusive la fotógrafa Evelin Oyarzo captó al diputado provincial por el Partido Justicialista, Gustavo Muñiz recibiendo en su celular mensajes del gerente de la minera Yamana Gold, Gastón Berardi, con instrucciones para modificar uno de los artículos.
Por eso desde la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses sostienen que legisladores y legisladoras les deben una ley. ¿Pero cuál es la diferencia entre la ley propuesta por el pueblo y la ley propuesta por las mineras? En un principio la ley que quieren quienes habitan Chubut prohíbe la megaminería en todo el territorio, mientras que las mineras pretenden crear una zona de sacrificio en la meseta chubutense.
Además:
El argumento empleado tanto por las mineras, como sus lobbystas, entre los que se encuentran tanto políticos como sindicatos, es que la meseta es la zona “más pobre” de la provincia porque no cuenta con atractivos turísticos como las montañas de la cordillera o las playas del Atlántico Sur. Pero sí existen muchos emprendimientos productivos, especialmente de alimentos, que podrían nutrir al este y al oeste de la provincia con un buen acompañamiento del Estado.
Actualmente en la provincia de Chubut se encuentra vigente, desde 2003, la ley 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Aquella ley fue sancionada como respuesta política al plebiscito de ese mismo año en el que el 82% de la población de Esquel votó en contra de la instalación de la minería en la ciudad. Pero, por supuesto, la ley no pedía ser completa: incluyó un artículo que permitía la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) tenía 120 días para realizar dicha zonificación. Nunca lo hizo y de ahí que la puja entre el pueblo y las mineras y sus lobistas sigue abierta. Además de prohibir la megaminería, el proyecto de la Segunda Iniciativa Popular tiene como objetivos: garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales, proteger los recursos hídricos, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, asegurar la conservación de la diversidad biológica, prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas puedan generan sobre el ambiente, posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo, minimizar los riesgos ambientales, prevenir la posibilidad de emergencias ambientales y remediar el impacto ambiental producido a la fecha.
Por su parte, el proyecto que Mariano Arcioni envió a la Legislatura para su aprobación propone exceptuar la prohibición en los departamentos de Gastre y Telsen, en plena meseta, en donde “casualmente” la empresa Pan American Silver pretende instalar su proyecto minero Navidad. Según Arcioni, esta zonificación no contaminaría al Río Chubut. Pero las asambleas saben que una vez instaladas las mineras ya no hay vuelta atrás y Greenpeace calcula que el Proyecto Navidad utilizaría más de 9 millones de litros de agua por día. En la actualidad para tratar la ley de zonificación minera de los 16 diputados del bloque oficialista Chubut Al Frente, cuatro están en contra de la norma -Leila Lloyd Jones, José Giménez, Tirso Chiquichano y Rossana Artero- y hasta participaron de las marchas y denunciaron lobby minero.
El oficialismo tiene al menos 12 votos más uno del PRO: el de Sebastián López, que saltó a la fama por una cámara oculta en la que pedía “arriba de 100 lucas” para operar a favor de las mineras. Hay 27 diputados provinciales, por eso también tantas veces se suspendió el tratamiento en la Legislatura: para sacar una ley en contra del pueblo es necesaria la ausencia de algunos legisladores. Mientras la ley que quiere y presentó el pueblo todavía no fue considerada.