Ya lo hicieron 3 firmas de Techint y hay muchos más casos. Para las grandes, pesa la violación de secreto fiscal y otras limitaciones. Para las pymes, la prohibición de distribuir dividendos

Casi 300 empresas habrían decidido y algunas ya empezaron a desistir del pago del “salario complementario” a la nómina de personal por parte del gobierno en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, más conocido como ATP.

Los motivos son varios: afectación del secreto fiscal, difusión de datos por parte de fuentes ligadas al gobierno y condiciones que se sumaron luego de lanzado el programa, como limitaciones a la compra de divisas y a operaciones en el exterior y prohibición de distribuir dividendos hasta el 31 de diciembre de 2022. Condiciones que el gobierno fue agregando después de lanzado el programa.

Todo se inició cuando una resolución oficial instruyó a la AFIP y a la Anses a brindar la información del ATP a la Jefatura de Gabinete, medida que desde un principio contadores y constitucionalistas como Gregorio Badeni y Daniel Sabsay consideraron violatoria del secreto fiscal y que afecta también la ley de protección de Datos Personales. Badeni lo consideró un “mensaje extorsivo” y Sabsay señaló que la resolución sería “arbitraria e inconstitucional”.

Una de las empresas que desistió de recibir el “salario complementario” de mayo y ya devolvió, con intereses, los que había recibido para el 50% de los salarios de abril, fue el grupo Techint, que los había pedido para 3 empresas: Techint Ingeniería y Construcciones, Tenaris Argentina y Ternium Argentina. Otras grandes empresas ya habrían desistido de la ayuda o consideran esa posibilidad.

Horizontes

Las tres empresas de Techint, además de devolver abril, desistieron de la ayuda para mayo. “La baja del Salario Complementario responde al cambio de requisitos y nuevas restricciones que tuvo el Programa ATP en los últimos días. Estos nuevos requisitos – dispuestos a posteriori de haber adherido las empresas a este Programa- comprometen restricciones financieras en un horizonte mayor a 24 meses que obstaculizan actividades financieras propias de empresas que están internacionalizadas”, explicaron fuentes del Grupo.

La difusión de datos por parte de fuentes vinculadas al gobierno generó inquietud entre todas las empresas receptoras de la ayuda oficial, pero más entre las empresas de alto perfil público.

“Al momento de adherirse al Salario Complementario, las empresas del Grupo Techint cumplían efectivamente las condiciones y requisitos de participación del Programa ATP vinculados a una drástica caída de ingresos interanual, producto de la emergencia sanitaria. De hecho, tanto la producción siderúrgica como la ingeniería y construcción son actividades que ya venían teniendo un fuerte impacto por la caída económica de la industria y del sector energético argentino y por la crisis internacional del petróleo; a partir de marzo sumaron el impacto de los efectos económicos del COVID”, explicaron desde Techint.

La resolución del gobierno que instruyó a la AFIP y a la Anses a transmitir información a Gabinete dice que “en orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el Comité recomienda que la Jefatura de Gabinete de Ministros proceda a publicar en el sitio web” una serie de datos vinculados al beneficio de la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Previsional, el listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y especie de beneficio acordado.

La información a compartir incluye el Salario Complementario, el listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa. Además, la cantidad de créditos y montos por categorías del Régimen Simplificado para monotributistas y autónomos que reciban el “Crédito a Tasa Cero”. La resolución dispone también que tanto la Anses como la AFIP deben actualizar periódicamente esa información para “su correcta difusión”.

Poco después se filtraron detalles de beneficiarios de distintos rubros, como salud y transporte. Un caso mediáticamente notorio fue el del economista Javier Milei, que tuvo un cruce con el kirchnerista Leandro Santoro, que había publicado un tuit anticipatorio al respecto.

Más allá de casos mediáticos o personales, a las empresas les preocupa la violación del secreto fiscal y las restricciones a su operación futura que implican las condiciones añadidas al ATP.

Micro y Pequeñas empresas

A las micro y pequeñas empresas las aterró el comentario de la diputada Fernanda Vallejos, de que el Estado podría quedarse con parte de las empresas a las que asistía. Ese temor cedió mucho cuando el propio presidente Alberto Fernández habló, sin mencionarla, de algunas “ideas locas”. Pero otra cuestión permaneció y está llevando a algunas a devolver la ayuda recibida en abril y a muchas más a desistir del beneficio de mayo; la prohibición de distribuir dividendos hasta enero de 2023.

Para las empresas familiares –más del 80% de las empresas que recurrieron al “salario complementario” del ATP tienen menos de 25 empleados- es un problema mayúsculo, porque es de lo que viven los socios y justifica sus gastos, explicó a Infobae el Contador Álvaro del Corro. Por acudir a la ayuda oficial por dos o tres meses, se estarían atando las manos hasta 2023 para una práctica habitual de la que viven socios y familiares.

Esto se debió a cambios que el Gobierno hizo sobre la marcha. Al inicio, la prohibición de distribuir dividendos era por un período fiscal y sólo para empresas con más de 800 empleados. Decisiones Administrativas posteriores al pago de “salarios complementarios” de abril (la 747, del 12 de mayo, y la 817, del 18 de mayo) extendieron la prohibición hasta diciembre de 2022 e incluyeron a todas las firmas que recurren al ATP.

Así, las Micro y Pequeñas empresas más prudentes optaron por devolver la ayuda de abril (no sea que al gobierno se le ocurra aplicar la norma retroactivamente) y muchas más desistieron de la ayuda para mayo. Además, explicó del Corro, la normativa no sólo prohíbe distribuir dividendos de 2020 -lo que resulta lógico, pues es un año en que no los tendrán y si los tuvieran sería con subsidio del ATP- sino incluso los que tenían acumulados y no distribuidos hasta 2019.

De vuelta al “secreto fiscal”

Diego Fraga, profesor de la Universidad Austral, señaló hace unos días a Infobae: “Si bien a las empresas les hacían firmar una dispensa del secreto fiscal para acceder al programa de ayuda estatal, la misma era para evaluar la procedencia del beneficio y sólo implicaba compartir datos con ANSES y el Ministerio de Trabajo. Y eran datos de la empresa, no de sus empleados”. Pero, añadió “por lo que surge de algunas actas, la información fue compartida con otros ministerios, produciéndose también otra afectación a lo que establece la norma que establece el deber de sigilo”.

Un informe de la consultora Aerarium, de Paulino Caballero y Guillermo Giussi, dos ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, precisó también que al 22 de mayo el nivel de ejecución presupuestaria de los programas ATP e Ingreso Familiar de Emergencia no llegaba al 50%, aunque el gobierno aseguró que el porcentaje de salarios netos de abril que cubrió con el ATP orillaba el 61%.

En abril, 420.000 empresas se anotaron en el ATP y 280.000 recibieron el beneficio y un número sustancialmente menor, cercano a 300.000 se habría anotado para mayo. La reducción no es porque piensen que se terminó la crisis.