EN CÓRDOBA SUBIÓ 7% LA CANTIDAD DE VIVIENDAS ALQUILADAS POR JEFAS DE HOGAR EN 10 AÑOS

En la última década, la cantidad de viviendas alquiladas por mujeres jefas de hogar creció un 7% en la ciudad de Córdoba, según un informe difundido por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizado en base a la tesis “El acceso a la vivienda en alquiler en Córdoba Capital desde el derecho a la ciudad y la perspectiva de género”, de Alejandro Brunelli Giorgis para la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional de la UNC.
El estudio aborda la realidad de las familias que deben alquilar una vivienda porque no tienen acceso a la vivienda propia: “El alquiler residencial es la forma de tenencia que más creció en Argentina y en otros países de la región en los últimos años, alcanzando cerca del 30% de los hogares en las grandes ciudades argentinas”; señala Brunelli Giorgis y pone de manifiesto que “un número importante de personas no puede acceder al alquiler por las exigencias que el mercado impone, las cuales se profundizan por las relaciones desiguales entre propietarixs e inquilinxs y por múltiples desigualdades sociales, económicas, culturales, raciales, de géneros”.
Este informe de la UNC sostiene que “en 2010, el 42,6% de los hogares inquilinos estaban a cargo de mujeres –un total de 54.478 viviendas-; mientras que en 2019, ese porcentaje trepó al 49,6%, llegando a 76.736 hogares. O sea, en una década, 22.258 viviendas pasaron a ser alquiladas por mujeres a cargo de la economía familiar: “En relación a los tipos de hogares inquilinos, en la última década se observa un incremento de los hogares monoparentales con jefatura femenina, en particular cuando se agudiza la crisis de los últimos años”, explicó Alejandro Brunelli Giorgis.
El crecimiento de mujeres inquilinas entre 2010 y 2019 se dio a la par de un fenómeno similar: en el mismo lapso, la jefatura de hogares a manos de mujeres creció del 39,5% en 2010 al 52% en 2019.
En su estudio, Brunelli Giorgis destaca que en 2019, el año anterior a que se desatara la pandemia por Covid-19, “el 83,5% de los hogares inquilinos monoparentales estaba a cargo de mujeres, mientras que solo el 16,5% se encontraba a cargo de varones”. El trabajo señala, también, que se observa una mayor cantidad de jefas mujeres en los hogares extendidos, ensamblados o con familiares no directos.
Para realizar el trabajo, Brunelli Giorgis entrevistó durante 2019 a 380 inquilinas e inquilinos de la ciudad de Córdoba. El relevamiento mostró que “el 50% de las mujeres e identidades sexo-genéricas diversas no cuenta con las garantías exigidas para alquilar o no puede afrontar los gastos de contratos, comisiones y depósitos. Se trata de un dato relevante, vinculado a la mayor precariedad laboral y de ingresos de ese grupo poblacional”.
Una cuestión de género
El mismo trabajo muestra que “la exigencia de la tenencia de propiedad como garantía de acceso al alquiler afecta diferencialmente en las mujeres, ya que las propiedades están concentradas mayoritariamente en hombres o en hogares a cargo de hombres. Además, una gran cantidad fue cuestionada por sus ingresos, fue rechazada por la tenencia de hijos o hijas y/o no pudo alquilar en tanto ‘no hay un varón formando parte del núcleo familiar’. Esto, además de constituirse en hechos de violencia o discriminación por género, permite explicar en parte el desplazamiento hacia el mercado informal de alquileres”.
En el trabajo académico, también queda expuesta la desigualdad de géneros que afecta el derecho a la vivienda. “Según la Encuesta Permanente de Hogares de 2019 existe una diferencia del 24% entre el promedio de ingresos totales de los jefes varones, en función del percibido por las mujeres. Esa brecha se verifica en todos los segmentos educativos, pero varía en función del nivel de instrucción alcanzado y asciende al máximo de 46,7% en el caso de las personas con secundario incompleto”, advierte Brunelli Giorgis.
Teresita Debanne es ingeniera agrónoma y docente jubilada. Tiene una hija de 11 años con quién vive en una casa de dos dormitorios que le alquila al dueño: “Soy una bendecida de estar en esta casa y de que el propietario sea mi vecino. Él vio que nosotras transformamos la casa en nuestro hogar, le hacemos mejoras, le avisamos si pasa algo y por eso conseguimos un acuerdo por fuera de los valores de mercado. El alquiler se lleva casi el 50% de mis ingresos de la jubilación, porque cuando pasé a la situación pasiva, mis ingresos se redujeron en comparación a cuando estaba en actividad”, le cuenta a elDiarioAR.
Saliendo de un cáncer y con la pandemia del Covid-19 acechando, Teresita postergó sus actividades como ingeniera agrónoma y sobrevive con su jubilación: “Yo tengo que cuidarme, por mi hija. Soy la única persona con la que cuenta mi hija. Y quiero seguir criándola”, dice con seguridad. “Mi realidad es como la del 90% de las mujeres separadas o divorciadas; donde somos quienes aportamos a la economía familiar, desde el pago del alquiler, la comida, la ropa y la salud. El papá de mi hija hace algún aporte, pero no es continuo. No me quejo, expongo mi realidad”, señala Teresita.
Como jefa de familia, Teresita siente el peso de la economía familiar: “Vos me decís que en una casa hay dos ingresos de trabajadores activos, entiendo que puedas pagar un alquiler, se hace más llevadera la cosa. Pero en crisis de pandemia, como único sostén del hogar, se me hace muy difícil. Y acceder a un plan como el Procrear o el de una cooperativa de viviendas, no me animo. No tengo respaldo, no tengo espalda para alquilar y pagar una cuota”.
Cintia también es docente y tiene una hija de 5 años. “Justo el mes que viene debo renovar el contrato. La suba es acorde a lo que me aumentaron de sueldo, pero me mataron con los honorarios. Ahí se me va el medio aguinaldo”, le cuenta Cintia a elDiarioAR.
Esta profesora cordobesa coincide con Teresita Debanne: “Cuando no hay dos ingresos, el pago del alquiler se siente. Yo destino el 30% de mis ingresos al alquiler, y a eso le tenés que agregar los servicios y calidad de vida como es el acceso a Internet. Cuando yo me mudé, era un cuchitril horrible. De a poquito, con Jose la fuimos poniendo de pie. La pintamos, la arreglamos, dedicamos mucho potencial a ponerle onda”, destaca Cintia.
Con la casa propia como una utopía, Cintia asegura que “el alquiler es parte de la vida, hay que vivir y alquilar es parte de ese vivir. Por pagar el alquiler, no voy a resignar una salida a comer hamburguesa con Jose, hay que seguir adelante; aunque nos cueste el doble de esfuerzo. Por suerte la obra social la paga el padre, como decidimos ni bien supimos que Jose venía al mundo”.
Mujeres, pobres e indigentes
El relevamiento de Alejandro Brunelli Giorgis también pone el ojo en que en 2019 el 16% de los hogares monomarentales que alquilaban se encontraba debajo de la línea de pobreza; mientras que un 4,5% eran indigentes: “Los hogares que se encontraban por debajo de la línea de pobreza ese año tenían ingresos inferiores a los $ 10.300, lo cual se traduce en condiciones de precariedad en el acceso al alquiler, ya sea por el contrato o la situación habitacional de las viviendas alquiladas”.
Y dos factores podrían explicar esta situación: la condición informal del trabajo femenino, que en la última década llegó al 40%; y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso cuando se comparan salarios de mujeres y de hombres: “Esto es central, dado que las garantías exigidas para el acceso al mercado de alquileres dependen en gran parte de la demostración de formalidad y seguridad laboral”, afirma el tesista.
Esa fragilidad económica y social, suma otro impacto en la vida de las mujeres que alquilan: el acceso a las viviendas tiene una directa relación con el nivel de ingresos de esos hogares y la ubicación del inmueble. “Las localizaciones con valores más bajos de alquiler, además de la precariedad de las condiciones contractuales y habitacionales, poseen carencias de servicios e infraestructuras. Esto genera una sobrecarga en el trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres”, apunta Brunelli Giorgis.
La investigación reveló además, que “muchas de las mujeres consultadas, como así también las integrantes de identidades diversas coincidieron en la necesidad de contar con regulación de las garantías exigidas y de los aumentos de precios, ayudas económicas específicas para quienes no pueden alquilar como madres solteras, mujeres jefas de hogar y personas en situación de violencia de género, así como de leyes que prohíban la negación del acceso al alquiler por tenencia de hijas e hijos y las discriminaciones por identidad de género u orientación sexual”.
Soluciones a la vista
En su trabajo, Brunelli Giorgis da un diagnóstico de la situación de las mujeres a cargo de sus hogares y que alquilan las viviendas donde viven sus familias, pero también propone una salida a la situación que atraviesan miles de cordobesas.
El estudio destaca que “se detectaron tres grupos de posibilidades para pensar una implementación local. En primer lugar, las políticas dirigidas a la regulación del mercado de alquileres, esto es las reformas de códigos civiles que regulan contratos de alquiler (duración, aumentos de precios, garantías, intermediación), como lo son la mayoría de los artículos de la nueva Ley Nacional de Alquileres. En segundo lugar, políticas dirigidas a resolver las dificultades de la población inquilina, como fondos de garantías donde el estado actúa como garante, espacios públicos de defensoría de inquilinxs y programas de subsidios para alquilar para sectores de bajos ingresos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. El artículo que propone la creación de un Programa de Alquiler Social en la mencionada ley avanza en ese sentido. Y por último, políticas dirigidas a fortalecer la oferta de vivienda en alquiler en el mercado, como es el caso europeo y algunos casos de municipios latinoamericanos, o mecanismos de financiamiento en formato “leasing”. Desde una perspectiva de género, se puede observar que las únicas políticas de alquiler existentes están focalizadas en subsidios para personas en situación de violencia por motivos de género. En este sentido, sería indispensable que una política local de alquileres incluya la perspectiva de género y feminista para reconocer desigualdades estructurales de los requisitos y garantías para alquilar como los ingresos y la seguridad laboral, que tienen un impacto diferencial para las mujeres y la población LGBTIQ+ y que reconozcan las diversidad de composiciones de los hogares”.
Brunelli Giorgis también destacó en este informe -que dio a conocer la Universidad Nacional de Córdoba-, que “es importante señalar que la pandemia ha impactado negativamente en las condiciones habitacionales de las poblaciones estudiadas lo que complejiza la situación. Las organizaciones vienen analizando un incremento del endeudamiento de los hogares y muchas recisiones de contratos anticipadas por incapacidad de pago. Ante este contexto de emergencia habitacional, los desalojos fueron prohibidos en todo el país con el decreto 320/20 junto con el congelamiento del precio de los alquileres. Asimismo, se observaron distintos incumplimientos del decreto, en nuevos contratos con inmobiliarias y con denuncias de desalojos en pensiones y hoteles”.
GM