El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó este jueves que el gobierno está trabajando sobre un aumento de tarifas de luz y gas que aplicaría a partir de junio, cuando vence el plazo de 180 días fijado por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para avanzar con una revisión integral de los cuadros tarifarios de electricidad y gas. “Será sobre los sectores que lo puedan soportar porque nosotros hemos cambiado las prioridades de gestión”, aseguró el funcionario.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, viene trabajando en un esquema de descongelamiento que, tal como destacó Cafiero, se le aplicaría a los sectores de mayor poder adquisitivo, aunque todavía no está definido cuál sería el universo alcanzado y mucho menos el porcentaje de la suba. El propio Kulfas lo reconoció el lunes durante la presentación de la ampliación del programa de Precios Cuidados. “No se trata de un congelamiento permanente ni mucho menos, ni sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo, sino hacer una revisión que permita reducir donde es posible los costos del sistema eléctrico y poder generar tarifas razonables, accesibles, sobre todo donde hay mayores necesidades”, sostuvo Kulfas, quien reconoció que el tema se conversó con el FMI.

Cafiero insistió este jueves con que no se trata de un congelamiento porque, desde la perspectiva oficial, es solo una medida coyuntural que se tomó para frenar la inercia inflacionaria. No obstante, dentro del Frente de Todos no hay consenso con respecto a esa caracterización. Son varios los que sostienen que las eléctricas y las gasíferas estuvieron entre las grandes ganadoras del macrismo y ahora les toca esperar hasta que el gobierno atienda otras prioridades más urgentes. De hecho, en uno de los primeros borradores que circuló el año pasado referido al congelamiento se mencionaba que el mismo sería por dos años, algo que finalmente quedó descartado y se decidió avanzar con el plazo de hasta 180 días.

Del lado empresario, mientras tanto, continúan las presiones para lograr una promesa de descongelamiento. La Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) se reunió la semana pasada con el ministro Kulfas y le solicitaron que se avance con la revisión de los balances y los cuadros tarifarios cuánto antes para poder autorizar un aumento. Fuentes del propio gobierno reconocen que si el congelamiento se extiende la producción de gas podría empezar a caer hacia fines de año.

La situación también comenzó a complicarse en el sector eléctrico donde varias distribuidoras dejaron de pagarle a CAMMESA y el porcentaje de cobrabilidad se deterioró significativamente en apenas tres meses. Las cifras de CAMMESA disponibles al 10 de febrero muestran que la deuda ya trepa a 48.000 millones de pesos. La semana pasada la EPE de Santa Fe se sumó a la lista de los morosos que es encabezada por la distribuidora misionera EMSA con el 17 por ciento del pasivo total que tiene CAMMESA.

En este contexto, la necesidad de incrementar los subsidios crece día a día, pero en la actualidad el Tesoro no está en condiciones de afrontar esa situación. A raíz de ellos, sectores del gobierno apuran el descongelamiento, aunque con un esquema que contemple la situación de los sectores más postergados. “Lo que se está haciendo es un estudio de un nuevo cuadro tarifario que seguirá sosteniendo la tarifa social”, remarcó Cafiero.

El descongelamiento podría seguir los pasos de la experiencia llevada adelante por el kirchnerismo en 2011, cuando se empezó a quitar subsidios de manera gradual, tomando como referencia los ingresos de la población, pero también por región. De hecho, en aquella ocasión se avanzó primero con los aumentos en Puerto Madero, Barrio Parque y los countries, para luego ir ampliando las zonas. Incluso se habilitó entonces la opción para que los usuarios pudieran renunciar a los subsidios.

Otra opción es replicar el esquema de tarifa social que implementó el macrismo, pero hacerlo más amplio y con una bonificación mayor. Por ahora son solo ideas sobre las que se está trabajando para intentar llegar a junio con un esquema consensuado.