LA MAYORÍA DE LOS LIBERADOS ESTABA PRESO POR CAUSA DE DROGAS
Lo revela un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la emergencia sanitaria, que indica que en todo el país egresaron 2.185 reclusos
Tras aquella polémica inicial y las denuncias de la presunta liberación masiva de presos, impulsadas desde la oposición política y ciertas organizaciones de familiares de víctimas de hechos delictivos, un total de 2185 reclusos egresaron de las cárceles federales de todo el país con distintas medidas de morigeración y en su mayoría, respondió a arrestos domiciliarios para aquellos que estaban detenidos por causas vinculadas a infracción a la ley de drogas, en lo que va de la pandemia. Este y otros datos surgen del informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la emergencia sanitaria, que fuera elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), donde se indicó que en este período se produjeron 120 contagios por coronavirus y casi la mitad de esos casos se registraron en las unidades penales de Ezeiza y Villa Devoto.
“El ingreso del COVID-19 a las prisiones y otros espacios de encierro constituye un enorme riesgo, debido a que se trata de espacios en donde las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social son de difícil cumplimiento. El hacinamiento y las deficitarias condiciones materiales, higiénicas y sanitarias son características estructurales de las cárceles latinoamericanas, lo que fue alertado por diversos organismos internacionales que emitieron recomendaciones para reducir los niveles de sobreocupación y evitar el contagio masivo”, sostuvo la PPN en el documento de presentación de este relevamiento.
En relación a los internos que durante la pandemia dejaron sus lugares de reclusión, sin que el tema fuera abordado luego por quienes cuestionaron esta medida humanitaria, se advirtió que “mientras que en otros países la reducción de la población encarcelada fue consecuencia de la intervención de los distintos poderes del Estado, en Argentina la decisión sobre el egreso de personas del sistema penitenciario quedó en manos del Poder Judicial”. “En este contexto, los datos indican que, hasta mayo, habían egresado de las cárceles federales un total 2185 personas, de las cuales 735 lo hicieron debido a la concesión de arrestos domiciliarios que, en la mayoría de los casos, sustituyeron el encierro de quienes se encontraban acusados y/o condenados por delitos de drogas”, detalló el informe.
También puntualizaron que “la reducción del encarcelamiento fue mayor en algunos colectivos vulnerables, como el caso de las mujeres, en particular las embarazadas y aquellas alojadas en los pabellones con sus hijos pequeños” y que esas cifras de descenso de la población en las unidades del Servicio Penitenciario Federal si bien responden a distintos factores, la mayoría dejó la prisión ‘por encontrarse detenidas por delitos de escala o nula violencia”. Al mismo tiempo, se resaltó a “la reducción de los nuevos ingresos debido a las resoluciones penitenciarias que así lo prohíben respecto de las alcaidías, que funcionan como la puerta de entrada a las cárceles y que produjo un aumento de la cantidad de personas y del tiempo de permanencia en comisarías y otros centros no penitenciarios. Por ejemplo, hasta junio, había más de 300 personas alojadas en espacios de detención dependientes de la Policía de la Ciudad”.
No obstante, a raíz de la declaración de emergencia sanitaria determinada luego del conflicto desatada por las protestas de los presos, “se logró que entre los meses de marzo y junio hubiera un significativo descenso de la población y para fines de abril, se informó que ya no había sobreocupación general”, aunque la PPN cuestionó que “durante la primera semana de junio, el Servicio Penitenciario Federal redujo la capacidad de la cárcel de Devoto en 496 plazas, sin dar a conocer las razones de tal decisión, ni qué espacios fueron inhabilitados. Esta modificación produjo que el nivel de ocupación del sistema federal a fines de ese mes fuera del 96 por ciento, mientras en simultáneo, algunas unidades continúan alojando personas por encima de su cupo oficial”.
Los ‘egresos’ de reclusos durante la pandemia fueron producto del arresto domiciliario (34 %), libertad sin especificar motivo (27 %), agotamiento de la pena (13%), libertad condicional (11%), sin datos (7%), libertad asistida (4%), excarcelación (3%), expulsión (0,7%) y sobreseimiento/absolución (0,2%). La mayoría se registraron en los complejos penitenciarios federales de Ezeiza I (20%), Devoto (18%), Marcos Paz (15%), Ezeiza IV (10%) y Cuyo (6%).
Desde que la cuarentena decretada en el país y hasta el último 13 de junio, la PPN reveló un total de 120 casos positivos de coronavirus y de esos contagios, los más afectados son hombres alojados en las cárceles de Devoto y Ezeiza, donde se registraron 53. En tanto, hubo 64 varones y dos mujeres que contrajeron la enfermedad encontrándose alojados en alcaidías de la Policía de la Ciudad, más un adolescente que estaba en un Instituto de Menores.