CRISIS EN CÓRDOBA POR SEIS CASOS DE GATILLO FÁCIL EN PANDEMIA

Joaquín Paredes, de 15 años, fue asesinado por la espalda este domingo a la madrugada por policías que le dispararon a él y a sus amigos cuando estaban en una plaza de Paso Viejo, un pueblo del norte de Córdoba. Por el crimen hay cinco efectivos detenidos. Fue el sexto caso de disparos contra personas desarmadas por parte de la policía del gobernador Juan Schiaretti. Mientras organismos de DDHH denuncian lo ocurrido, el gobierno provincial intenta frenar las balas con un nuevo protocolo de actuación policial.
En Córdoba hay pena de muerte: en 2020 las víctimas fatales por violencia institucional ya suman seis. Las dos últimas fueron chicos de 15 y 17 años de edad asesinados por la espalda por efectivos de la Policía cordobesa
-El pasado domingo 25 a la madrugada Joaquín Paredes, un chico de 15 años, murió de un balazo en la espalda que le disparó un policía, mientras estaba con unos amigos en la plaza de su pueblo, Paso Viejo, en el norte cordobés.
-En los primeros minutos del jueves 6 de agosto, policías balearon el auto en el que iba Blas Correas junto a cuatro amigos, quienes regresaban de cenar y se dirigían hacia barrio Nueva Córdoba, corazón de la Capital provincial. El chico de 17 años recibió un balazo en la espalda que lo dejó malherido; y un móvil policial le cortó el paso más adelante, impidiéndole recibir auxilio en el Hospital Municipal de Urgencias. Murió en pleno centro cordobés y generó un gran impacto social.
Joaquín Paredes era alumno de tercer año del IPEA Nº 306 de Paso Viejo, un pueblito de 1.000 habitantes ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38, a 170 kilómetros al noroeste de esta Capital. Había salido el sábado a la noche con amigos a “dar la vuelta del perro”, como llaman en los pueblos y ciudades del interior del interior a dar una vuelta por el centro, hacer una parada en algún bar o la plaza, dar otras vueltas e irse a dormir.
Sobre cómo ocurrió la tragedia que terminó con Joaquín Paredes asesinado por la Policía, hay dos versiones que difieren muy poco una de otra:
-Joaquín y sus amigos bebían en una plaza, cuando uno de ellos se descompensó y lo llevan hasta el dispensario municipal, donde no los atendieron porque que estaba cerrado; los chicos protestan, llegan dos móviles policiales y comienzan a disparar. A Joaquín lo balearon por la espalda y muere; pero en la balacera también son heridos Jorge Navarro (18), en el tobillo y la pantorrilla; y Braian Villagra (15), en el brazo derecho y en la pierna, provocándole fractura de fémur.
-Joaquín y sus amigos son echados de la plaza por los policías, los chicos se van a seguir bebiendo en cercanías del dispensario. Al rato, los policías al ver que los adolescentes no les hicieron caso, comienzan a disparar. Joaquín muere y sus amigos Jorge y Braian son heridos.
Lo que no está en duda es que recibieron una lluvia de balas. A raíz de la represión y el asesinato de Joaquín, sus amigos y los vecinos atacan a pedradas los dos móviles policiales y los agentes terminan escondiéndose en la sede de la subcomisaría de Paso Viejo, donde se junta un grupo mayor de vecinos que ataca la comisaría y los agentes responden con balazos.
La fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, quien llegó a primera hora de la mañana del domingo a Paso Viejo analizó las pruebas, el lugar donde ocurrió la balacera y dispuso la detención de cinco policías: Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26); quiénes fueron alojados en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital. Además, fue sumariado el jefe de zona, un subcomisario de apellido Gallardo.
“No tiene perdón, la forma que tiraron; encontramos más de 40 vainas tiradas en el suelo y un cargador. Podrían haber matado a más chicos, además de Joaquín; dos amigos están heridos. No eran perros, no eran chanchos; eran chicos que salieron a tomar algo”, denunció Cristian González, papá de Joaquín, a Nuestras Voces luego del funeral del chico, el lunes al mediodía.
Su mamá, Soledad, clamó Justicia: “Me lo mataron por la espalda, quiero Justicia”. Un tío de Joaquín, Manuel Paredes, ex policía de Paso Viejo, aseguró: “Yo he trabajado en la fuerza de seguridad, jamás he visto un procedimiento de este tipo”; mientras que el abuelo del chico, el también ex policía Esteban Paredes acusó: “Lo dejaron tirado. No puedo entender cómo mis colegas me han hecho esto”. Como una mala jugada del destino, Paredes le habia prestado a uno de los cinco policías presos, parte del uniforme para que rindiera los exámenes en la Escuela de Policía.
En el funeral de Joaquín estuvo todo el pueblo, desde el jefe comunal Darío Heredia, hasta los profesores de la escuela IPEA N° 306 “Amadeo Sabattini”. “Estamos en un momento muy duro en nuestra comunidad, el pueblo es como una gran familia, nos conocemos todos. Hoy hay que ponerse junto con la familia de Joaquín, que perdió un hijo de esta manera, no hay palabras para contener a esta familia”, señaló Heredia; mientras que la profesora Leticia Aparicio, aseguró que “nunca pensamos que en Paso Viejo podría ocurrir algo así; pero también pensamos que lo de Joaquín fue Crónica de una muerte anunciada, porque los chicos en el aula nos decían “la Policía nos hostiga, la Policía no nos deja juntarnos en la plaza”, y fue justo lo que pasó. Nosotros lo vemos en el pueblo, los chicos que terminan el colegio siempre nos tratan con respeto; te saludan, te preguntan cómo te va. En cambio los que te dejan de saludar y te miran sobre el hombro son lo que se ponen el uniforme. Es increíble como cambian la cabeza después de pasar por esa formación. La mayoría que se pone el uniforme se planta de otra forma en el mundo; porque ser policía les da un arma y poder”.
Joaquín Paredes vivía en Paso Viejo con su abuelo Esteban Paredes; cursaba tercer año en el Instituto Provincial Agrotécnico (IPEA) N° 306 “Amadeo Sabattini” y hacía changas en las plantaciones de papas y en la construcción. Estaba muy contento, preparando su cumpleaños, el próximo 2 de noviembre. Su mamá Soledad y su padrastro Cristian González vivían en Córdoba con los otros hermanos del chico asesinado. Joaquín le decía papá a su abuelo y a su padrastro.
El año pasado, Joaquín y Cristian viajaron a Buenos Aires a conocer las canchas de Boca y River, inclusó se probó en Platense: “Joaquín se entrenaba en la escuela de fútbol de Cristian “el Tanque” Durán, que había jugado en Talleres y Colón. Tenía muchas posibilidades y lo querían de varios clubes. Pero quiso volver al pueblo a terminar la escuela, y ahí sí dedicarse a jugar a la pelota. Mire, me lo devolvieron en un cajón”, contó Cristian González a Nuestras Voces.
Cambios cosméticos
Tras el asesinato de Joaquín Paredes y con el crimen de Blas Correas aún sonando en algunos medios y las redes sociales, el gobernador Juan Schiaretti ordenó cambios cosméticos en la Policía. En una sobreactuación, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, salió a los medios y anunció que “el gobernador tiene a su disposición mi renuncia”, pero inmediatamente presentó un “Nuevo Protocolo de Actuación Policial”, un documento de 20 páginas que establece, entre algunas cuestiones que “el derecho superior de toda persona es la vida, por eso este protocolo ratifica una vez más el uso de arma de fuego como una excepción y solo cuando median cuestiones importantes y legislaciones expresas” o “la prohibición de accionar el arma de fuego cuando lo único que está en riesgo un bien material o en una parada preventiva. O para disuadir, conductas tan habituales y enraizadas en el servicio”; según detalló el propio ministro de Seguridad.
El nuevo reglamento sólo recibió críticas de la gente, los organismos defensores de Derechos Humanos, los partidos de la oposición y hasta de policías y ex policías.
En agosto de 2017, ya se había puesto en marcha otro protocolo similar, tras el crimen de Franco Amaya en abril de ese año en Villa Carlos Paz. Franco había sido asesinado por policías en un control vehicular.
Tras el asesinato de Joaquín Paredes, la mamá de Blas Correas, Soledad Laciar; le dijo a Nuestras Voces: “Hablé con un tío de Joaquín y mi ex marido y mi hijo Juan hablaron con el abuelo. Uno no puede hacer mucho más allá de compartir el mismo dolor y decirles que no están solos”. Entre los dos procedimientos policiales que terminaron con Joaquín y Blas asesinados por la espalda por balas policiales pasaron sólo 80 días.
“La Policía debe estar formada y actuar como dice la ley. No pueden dispararle a un pibe de 15 años como Joaquín por la espalda. Como tampoco pudieron dispararle a Blas por la espalda. Queda claro que así es como se maneja la Policía. Si el caso de Joaquín hubiese pasado cinco meses atrás, no tenía la repercusión que hoy tuvo”, afirmó Soledad Laciar.
La madre de Blas agregó que “mi hijo no vuelve, nadie me lo va a devolver. Mi lucha va por otro lado, para que esto no ocurriese de nuevo y volvió a pasar. Es inentendible y lo de Joaquín fue una burla. Me engañaron y todo sigue igual. Siempre dije que confiaba en que algo iba a cambiar. Cada día que pasa, el dolor que siento es peor. Con lo de Joaquín me imaginé siempre el peor escenario: un pueblo, 1.000 habitantes; cinco chicos que salen corriendo y les dispararon por la espalda”.
La noche del homicidio de Blas, su hermano Juan (19) se enteró que el crimen no había sido producto de un asalto y que a su hermanito lo habían asesinado policías; entonces regresó desde la Central de Policía a la esquina de bulevar Chacabuco y Corrientes donde había quedado el automóvil Fiat Argo blanco con el cuerpo. Al llegar al lugar, un policía le ordena de mala manera que se coloque el barbijo, Juan lo insulta y el agente instintivamente se llevó la mano a la pistola para desenfundar y disparar.
“Tenemos que tener un cambio real en la formación de la Policía. Si algo pasa en la calle, nuestros hijos deben tener confianza en acudir a los policías, que sean ellos los primeros en llegar. Pro no sucede eso, los que nos tienen que cuidar son quienes asesinan a nuestros hijos. Un policía con tres meses y sin haber tirado un arma no puede portarla”; criticó Soledad Laciar.
El asesinato de Blas Correas -“Blasito”, para su familia y sus amigos-; un chico de 17 años de clase media -mamá empleada bancaria, padre empresario y el abuelo materno una de las glorias de los años 70 del Club Atlético Belgrano-; que vivía en un barrio residencial y cursaba 6° año del San José, un colegio católico del centro de la ciudad, conmocionó a los cordobeses y tuvo un fuerte rebote mediático porque se trataba de una víctima blanca, distinta a las otras cuatro que fueron asesinadas antes que él por la Policía en plena cuarentena y en los barrios de la periferia de esta Capital.
Por el crimen de Blas están imputados 13 policías, de los cuales nueve están presos: los dos que dispararon, las dos mujeres que los acompañaban en sus patrullas, un subcomisario que encubrió el crimen e intentó ensuciar a las víctimas plantando un arma; y otros cuatro por falso testimonio. Además están imputados tres empleados de una clínica que no le prestó atención médica a Blas.
“El crimen de Blas Correas fue una excepción”, “los policías están bien formados”, aseguró en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior, la jefa de Seguridad Capital, la comisario mayor Liliana Zárate Belleti, quién asumió el cargo tras el homicidio de Blas, como una forma de descomprimir la presión social y mediática. Pero durante el primer semestre de 2020 ya habían caído bajo las balas de la Policía de Córdoba, Franco Sosa, Gastón Mirabal y José Antonio Avila. Semanas después de Blas, fue asesinado Luis Morenigo.
El máximo responsable político de estos casos de violencia institucional que terminaron con la muerte de sus víctimas es el gobernador Juan Schiaretti, porque la Seguridad es una política de Estado que se traza a 20 años y no por el plazo de un mandato gubernamental. Precisamente, la alianza oficialista Hacemos por Córdoba -el extinto gobernador José de la Sota había fundado en 1998 Unión por Córdoba- gobierna la provincia mediterránea desde hace dos décadas. Cuando De la Sota asumió su primer gobierno en julio de 1999, la Policía tenía 12 mil efectivos y ahora casi duplica esa cifra, con 23 mil agentes, suboficiales y oficiales.
Si Schiaretti es el responsable político de estas muertes, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera es su responsable político y operativo; porque es él quien diseña la política de Seguridad provincial.
Entre los crímenes de Blas y Joaquín, hubo otro caso de gatillo fácil, que no fue difundido por los medios ni tuvo repercusión social, porque la víctima fue un delincuente: Luis Morenigo fue asesinado tres semanas después que Blas, al atardecer del el 31 de agosto pasado en Alta Gracia. El hombre, que había recuperado su libertad hace pocos meses, fue detenido junto a una mujer en barrio Paravachasca de esta ciudad. Dos móviles policiales fueron hasta una vivienda donde se encontraba Morenigo y la mujer, sospechados de haber robado en una casa de Alta Gracia, entre otras cosas, un bote inflable.
Cuando la pareja iba a ser detenida, Morenigo, que no estaba armado escapó por un descampado, siendo perseguido por un policía que le disparó tres veces para hacerlo desistir de su fuga. Uno de esos balazos, a quemarropa, le dio en el cuello. Morenigo murió en el acto.
El fiscal Diego Fernández imputó al sargento primero de la Policía cordobesa Juan Marcelo Barrionuevo del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía, y lo detuvo. Pero una semana después, Barrionuevo fue liberado porque el fiscal le cambió la acusación: homicidio por exceso en el ejercicio del cargo.
El ministro de Justicia y DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla ordenó una investigación por violencia institucional para determinar las responsabilidades de la Policía cordobesa en la muerte de Morenigo. Y el domingo pasado, ordenó una acción similar en el caso de Joaquín Paredes.
Pero antes del asesinato de Blas, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19 también ocurrieron otros casos de gatillo fácil:
-Franco Sosa murió a fines de abril pasado en la zona de interfábricas, luego de robar en una metalúrgica. La versión oficial de la Policía de Córdoba señala que “los efectivos fueron alertados por los vecinos de la zona que vieron a un grupo de personas que no respetaban la cuarentena”. Al llegar a la esquina de las calles Manuel Leiva y Delfín Huergo, en barrio San Lorenzo, los policías observaron a Franco Sosa, de 27 años, bajando de un techo con unos hierros en las manos. Cuando el ladrón vió el móvil se dió a la fuga. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma: “Estaban saliendo de la fábrica. En principio, uno de los delincuentes habría esgrimido arma de fuego y uno de los funcionarios policiales que estaba ahí abrió fuego”, explicó a los medios cordobeses el fiscal Ernesto de Aragón. Sosa fue interceptado por el móvil en Ciudad Evita, donde fue baleado y personal del servicio de emergencia municipal 107 constató la muerte por un disparo a la altura del cuello. Los policías están libres.
-En junio, villa La Tela fue escenario de otra avanzada represiva: dos agentes de la Policía de Córdoba persiguieron a dos jóvenes mientras iban en moto: Gastón Mirabal y Ariel V. En la persecución, los agentes dispararon contra los motociclistas, Gastón murió y Ariel quedó grave, pero sobrevivió a seis heridas de balas. Nuevamente, la versión oficial habla de un tiroteo. Los dos policías que iban en un Fiat Cronos de color oscuro resultaron ilesos y están libres.
-Un mes después, en julio, en Villa El Libertador, José Antonio Avila aparece muerto con un balazo en el abdomen. Al lado estaba su moto tirada. La víctima vivía en barrio Santa Ana y trabajaba junto a su hermano en la feria de Villa El Libertador, donde vendían ropa. Los policías que lo asesinaron Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no dieron cuenta del hecho a sus superiores y siguieron patrullando. Cuando el caso se hizo conocido, por la denuncia de Johana, la viuda de Avila, se inició una investigación y Navarro y Juárez fueron imputados y detenidos. La Justicia los acusa del delito de homicidio doblemente calificado.
Pero los crímenes de 2020 no son una novedad. Los casos de gatillo fácil son una constante en la Policía cordobesa. David Moreno, un nene de 13 años estaba en la vereda de su casa el 20 de diciembre de 2001 cuando el país ardía en las últimas horas del gobierno de Fernando de la Rúa. En Córdoba gobernaba José de la Sota.
David miraba cuando un grupo de vecinos intentaba apropiarse de comida y mercadería del supermercado Cordiez de Villa 9 de Julio en el norte de esta Capital y se desató la represión. Un balazo policial lo mató.
Quince años después -pasó más tiempo que la edad del nene asesinado por la Policía cordobesa- se hizo el juicio y fue condenado el policía Hugo Cánovas Badra a 12 años y ocho meses de prisión, pero no cumplirá la condena hasta que no quede firme la sentencia. El policía Cánovas Badra ya estuvo tres años con prisión preventiva.
Antes de comenzar el juicio, la mamá de David, Rosa de Moreno había dicho: “No siento pedir una condena, porque nada va a recuperar la vida de David. Pero yo quisiera que la Justicia actué de manera independiente, objetiva, y que realmente condene a los responsables materiales y políticos. Creo que va a ser muy difícil para la Justicia condenar a los responsables, pero al menos que se reconozca la responsabilidad del Estado, y de ahí para abajo”. Y terminó con una frase que confirma lo que vino después: “No hay condena que valga si esto sigue sucediendo”. Y sucedió.