“NO VAMOS A TOLERAR NI LAS USURPACIONES NI A QUIENES LAS AVALAN”

Quienes tenemos responsabilidades políticas y sobre todo institucionales no podemos permitir un delito como son las usurpaciones, ni mucho menos podemos tolerar el accionar irresponsable de quienes las avalan, las fomentan o justifican, que también están incurriendo en un delito tipificado por nuestro Código Penal.

En octubre de este año acompañada por el bloque al que pertenezco (Juntos por el Cambio) le solicitamos al Ejecutivo Municipal una reunión con carácter urgente en la que participen el Concejo Deliberante; Departamento Ejecutivo; Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal; Dirección de Seguridad y Prevención Municipal; Departamento de Asuntos Jurídicos del Municipio; Jefatura Departamental de Policía y la Unidad Fiscal Concordia, para que se dé a conocer lo realizado y actuado hasta el momento, en materia de usurpaciones. Además que se defina un protocolo operativo amplio y conjunto, para accionar de modo inmediato en defensa del derecho de propiedad de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ante situaciones ilegítimas de toma de tierras en la ciudad. Entendiendo que estamos ante la existencia de focos usurpatorios que se desarrollan en diversos sectores de la ciudad.

Luego habiendo tomado conocimiento de los sucesos desarrollados hace pocos días en el barrio concordiense La Colina, me permito manifestar algunas consideraciones dado el calibre de las conductas que se vieron desplegadas en ocasión de haberse ordenado vía judicial, como corresponde y, luego del cumplimiento de los recaudos de ley, el desalojo de un asentamiento ilegitimo en flagrancia.

Comúnmente este tipo de acciones de usurpación se desarrollan en el marco de la clandestinidad, la violencia o el abuso de confianza en perjuicio de bienes públicos como así también privados, configurándose entonces un perjuicio de tipo económico/patrimonial respecto de la persona afectada, muchas veces lamentablemente con elevadas chances de que se reitere de no mediar algún tipo de acción prevencional. La protección de la propiedad es un derecho con consagración constitucional por el que se debe velar en pos del orden social.

Considero además que los mandamientos judiciales siempre deben cumplirse sin importar la presencia de aprovechadores políticos, muchas veces también fomentadores de estos hechos en persecución de propios réditos, cuando en realidad los mayores desafíos y gratificaciones deberían provenir del abordaje concreto de situaciones que deben solucionarse siempre dentro del marco de la ley y de las demás normas que apliquen al tema a resolver.

Apersonarse sin más para el escándalo una vez que alguna cámara comienza a grabar es fácil y no aporta solución alguna.

Pese a quien le pese, el derecho de propiedad tiene rango constitucional y dicha consagración lo torna defendible ante el órgano judicial que corresponda. El poder de la ley no puede de ningún modo quedar en segundo plano ante maniobras obstructivas de la justicia e instigadoras del delito. Es más, a mi entender debieron ser remediadas por la fuerza policial en ese mismo momento dada la inminente flagrancia con la que se desarrollaba en perjuicio del derecho de propiedad ya vulnerado y del mandamiento judicial emanado desde la justicia local.

Teniendo presente las normativas que desalientan las usurpaciones votadas en el Concejo Deliberante, y enviadas muchas de ellas por el Intendente en el uso de su licencia Enrique Cresto y luego refrendadas por el viceintendente actualmente a cargo de la Presidencia Municipal Alfredo Francolini. (Una de ellas es que aquellas personas que usurpen no podrán acceder al beneficio de ninguna vivienda o terreno otorgado por el Municipio de Concordia).

Palabras textuales del Intendente en el uso de su licencia Enrique Cresto cuando envió el proyecto al Concejo Deliberante: “El que quiera tierras que vaya al Ente de Tierras y Viviendas, en calle Hipólito Irigoyen y Alberdi, el que elija el camino de la usurpación la gestión no le va a dar nada y además va a tener causas penales”.

https://www.elentrerios.com/actualidad/cresto-quotel-que-quiera-tierras-que-vaya-al-ente-de-tierras-y-viviendasquot.htm

Siendo coherentes con las normativas votadas por unanimidad en el Concejo Deliberante, y sobre todo porque creemos en las instituciones y en la división de Poderes. Por lo sucedido en el Barrio la Colina, donde se conjugan usurpación y política, como funcionarios públicos nos presentamos en la justicia y solicitamos que la Unidad Fiscal investigue la posible instigación a cometer delitos tipificados en el Código Penal como son los Art 181 del CP y Art 239 del mencionado Código por parte de quien se presentó en el lugar como Presidente del Partido Justicialista
Que el poder de la ley siempre impere, pese a quien le pese.

Carola Laner
Concejal del Bloque Juntos por el Cambio