PRECIOS JUSTOS: BUSCAN QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN SANCIONAR A COMERCIOS

Paco Durañona impulsa el proyecto para que los gobiernos locales puedan controlar los precios y sancionar a los comercios que no cumplan con los acuerdos establecidos y la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.

El senador Francisco “Paco” Durañona presentó en el Senado bonaerense el proyecto de Ley de Precios Justos, junto a la Presidenta del Bloque de Senadores del Frente de Todos, Teresa García, la Presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek y el legislador Adrían Santarelli. La iniciativa busca permitir a los municipios llevar el control de precios en su territorio y sancionar en caso de detectar abusos.

El referente de Movimiento Arraigo explicó que el proyecto nace de la necesidad de adecuarse a “esta época en que el rol de los municipios juega un papel preponderante y para eso se requieren las herramientas institucionales que permitan y garanticen a sus comunidades y vecinos el acceso pleno a todos sus derechos”.

En este sentido declaró que “es imposible que la Secretaría de Comercio Interior controle, inspeccione y sancione a cada supermercado y comercio de cercanía de cada uno de los 135 municipios”. Es por ello que “si hay abusos detectados en los precios acordados, qué mejor que la denuncia de los vecinos que son los consumidores ejerciendo sus derechos y qué mejor que los equipos de los municipios que ya tienen tradicionalmente sus áreas de inspección que controlan y visitan a los supermercados, para sumarle el cuidado de los bolsillos de las y los consumidores”.

Por su parte, Adriana Malek, indicó que desde la Unión de Consumidores de Argentina entienden “que se hace necesario efectivizar el efectivo cumplimiento de estos precios y el abastecimiento”. “Es importante que los municipios bonaerenses tengan la facultad de controlar los precios, de sancionar cuando hay abuso o incumplimiento; nos preocupa el consumidor que está alejado de los grandes supermercados que se ve obligado a comprar en el comercio más cercano y que siempre es el almacén de barrio o super minoristas donde a esos proveedores también les viene impuesto el precio”, agregó.

En este sentido, el referente de Lomas de Zamora, Adrían Santarelli, aclaró que nadie quiere sancionar a un comercio. Hay un montón de medidas previas a la sanción pero cuando ven que hay una fuerza de inspección mucho más grande, automáticamente van a empezar a cumplir”. Y agregó: “Es una ley que no puede tener oposición que es a favor de los 17 millones de bonaerenses”.

La iniciativa propone que “el mejor inspector sea el vecino que va a realizar la denuncia en la delegación municipal o en las oficinas de defensa al consumidor”, reiteró Durañona al tiempo que profundizó sobre la normativa: “se incorporan estas facultades a la Ley de Defensa de Consumidores, se garantiza el cumplimiento de Ley de Abastecimiento en cada municipio con roles y facultades sancionatorias en manos de los municipios y se aumentan los montos de sanción que van desde apercibimientos, llamados de atención, clausuras, hasta multas que llegan a los 10 millones de pesos con fórmulas de actualización”.

De la presentación participó Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Federico Achaval, Intendente de Pilar; Alberto Descalzo, Intendente de Ituzaingó; Ramón Salazar, Intendente de San Pedro; Ariel Ríos, Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura de Zárate; Federico Otermin, Presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos; Senadores y senadoras del Frente de Todos; referentes de la OMIC, Concejales y Concejalas de Malvinas Argentinas, Zárate y San Antonio de Areco, representantes del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, la secretaría de producción de Alberti; entre otros.

Para finalizar, la presidenta del Bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos aclaró “la gente la está pasando mal, es indiscutible y nosotros tenemos una doble responsabilidad que es ponerse del lado de la gente acompañando esta iniciativa que propone darle paz a los vecinos. El máximo poder en el sistema democrático lo tiene el pueblo y con los intendentes debemos convocar a las organizaciones sociales y a la gente del distrito en general para que si hay irregularidades, puedan denunciarlo”.